Sexualidad: Diversidad «al derecho»

Fotos. Revista Alma MaterLa educación sexual representa derecho y deber en la Mayor de las Antillas. Alma Mater se pregunta entretanto: ¿Caminamos en este terreno hacia el cabal entendimiento de lo diverso o nos contentamos con apuñalar por la espalda tal concepto cada día?

Unas tres décadas consagradas al trabajo de avanzada en materia de sexualidad avalan al CENESEX* como institución puntera en la lucha por la igualdad para individuos, sin distinción alguna. Por su parte, el machismo con sello tropical apuntala aún en la Cuba del siglo XXI la más rancia homofobia, amparada por condicionantes históricas y culturales inamovibles.

En entrevista concedida al tabloide La calle del medio, Mariela Castro Espín, directora del CENESEX, anunció algunas propuestas de modificación al actual Código de Familia, entre ellas el reconocimiento para parejas homosexuales de similares derechos patrimoniales y personales a los del resto de la sociedad en circunstancias de unión consensual, sin incluirse, por el momento, la alternativa del matrimonio, ni de la adopción.

Dos años después varias son las dudas suspendidas en el aire: ¿Cuánto hemos avanzado realmente en el plano legal en lo concerniente al respeto de la libre orientación sexual e identidad de género? ¿Lograrán las leyes barrer algún día con los prejuicios y estereotipos atrincherados durante centurias en el imaginario social?

A fin de cuentas, ¿habitamos la comarca donde reina la tiranía del gusto, o la democracia de la elección?

Dr. Alberto Roque«Las constituciones nacionales no tienen el objetivo de otorgar o retirar derechos, sino garantizarlos», acota oportuno a nuestra revista el Dr. Alberto Roque Guerra, al frente del Departamento de Servicios, Redes Sociales y Derechos Sexuales del CENESEX.

No es poca la publicidad y demás fórmulas de comunicación social contemporáneas que explotan la «aceptación» como estrategia para aproximarse a quien no se ajuste a «la norma establecida». Cabría desmontar la pertinencia del término…

En el contexto analizado hablar de aceptación equivale a pensar las expresiones sexuales sin reconocimiento social en términos hegemónicos de poder. Se origina desde la heterosexualidad (única variante admitida) y se aleja de los presupuestos de verdadera igualdad que debieran existir entre los seres humanos.

Es lo que ocurre cuando decimos: «Acepto a los homosexuales a pesar de sus características». Desde la subjetividad se reproduce así un mecanismo opresivo que ubica a la persona «aceptada» en un nivel inferior.

Consecuentemente, la aceptación no es un principio de derechos humanos y las constituciones debieran ser inclusivas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género de forma explícita. Sus contenidos no debieran legitimar como válida únicamente una vía.

Ahora bien, en su sentido más positivo y con los necesarios matices el concepto también pudiera interpretarse como un camino en la transformación del pensamiento humano hacia el respeto y la equidad.

¿Se concretan o no iguales oportunidades en el terreno laboral y educacional para individuos con diferente identidad sexual? Pensemos en los transgéneros, ¿Puede hablarse de una correspondencia accidental o condicionada entre estos grupos y un status socioeconómico desfavorable?

Los seres humanos con sexualidades diferentes a la heterosexualidad (gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales y transgéneros) enfrentan muchas dificultades para acceder a puestos de trabajo y ocupar responsabilidades en la esfera profesional, circunstancia sostenida por la discriminación y el estigma que vivencian dada su condición.

En las regulaciones laborales no se alude de ningún modo al tema, sin embargo, quienes administran niegan este derecho desde sus prejuicios, con lo cual violan, de paso, la Constitución Socialista.

Puede afirmarse, además, que se garantizan los estudios primarios y secundarios, aún con altas dosis de sufrimiento para dichas personas, derivadas de la homofobia escolar que ejercen sus colegas o los propios educadores. Tampoco cristaliza con frecuencia el ejercicio del magisterio por parte de quienes proyectan sin disimulo una orientación sexual en discordancia con el modelo establecido. Al menos yo no he conocido todavía en Cuba ningún maestro o maestra travesti, transexual o transgénero. Es lamentable que en los tiempos que corren, después de 50 años de Revolución emancipadora y no discriminatoria, aún se califiquen tales expresiones de contagiosas, inmorales y pervertidas.

¿Qué ocurrirá al interior del contexto universitario, entendido como forma superior de la práctica académica?

Tengo la impresión de que comenzamos a superar la insuficiente presencia en la Universidad de aquellos que manifiestan francamente su homosexualidad.

Sin embargo, a los «trans» se les obstruye de manera sistemática el disfrute de tales derechos, a través de medidas como la de exigirles llevar en las aulas una indumentaria que no se corresponde con su identidad de género. La mayoría de esos grupos en Cuba no sobrepasan el 9no grado y se ven precisados a trabajar desde muy jóvenes en el sector informal, prostituirse o simplemente permanecer desocupados. Lo anterior acarrea, sin dudas, una mayor vulnerabilidad social y constituye otra violación.

¿En qué estado andan las reformas en el Código de Familia? ¿Qué logros se han concretado en este acápite y a cuáles se aspira? ¿Cómo se da este proceso teniendo en cuenta las reflexiones anteriores?

El Código de Familia se encuentra en estos momentos en el Ministerio de Justicia, proceso necesario para ser sometido al Parlamento. No conocemos sobre los detalles de las modificaciones o propuestas. Espero que los expertos se ajusten a la realidad de la sociedad cubana actual y que se piense en la Nación que aspiramos construir: un país en el cual se valoren, sin distingos, los esfuerzos e intereses de lesbianas, gays, bisexuales y «trans» (LGBT) y sus diversas formas de ejercer la ciudadanía.

Si optáramos por su exclusión o ausencia de consideraciones hacia el interior de la familia, se estaría vulnerando el derecho de cientos de miles de cubanas y cubanos. El costo político para la Revolución sería muy alto. Soy un convencido de que es contrarrevolucionario discriminar desde los prejuicios.

Debe analizarse que, independientemente de los mecanismos jurídicos vigentes en Cuba, el reconocimiento de estos derechos a través de consulta popular o mediante referéndum no garantizará su aprobación, si se toma en cuenta el imaginario social vigente. De realizarse así se contradice un principio básico: los derechos no se plebiscitan, se garantizan.

No obstante, todo esto representa apenas el pico de un gran iceberg. Aún se requiere penalizar con claridad la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género, tipificar en nuestras legislaciones los crímenes y el «discurso de odio» asociados a ella, aprobar el cambio de nombre de las personas trans sin que sea necesaria una cirugía de reasignación sexual (cambio de sexo) o la intervención de especialistas médicos, emitir una Ley sobre Educación en la Sexualidad con la inclusión de temas de diversidad y una visión de género «no binaria».

También debe ampliarse el enfoque de derechos humanos en lo referido a las personas seropositivas al VIH y con Sida, más allá del contexto de la salud sexual, y garantizar de forma explícita el ingreso expedito de LGBT al Ejército y otros cuerpos armados, la posibilidad de la adopción y de formar múltiples configuraciones familiares, por citar algunos ejemplos.

¿Serán capaces las reformas de propiciar, instantáneamente, un cambio de actitud sobre dichos asuntos? ¿Qué papel juega la cultura?

Las leyes han de garantizar el bienestar de todos y, en tal sentido, constituyen una prioridad para los Estados. Son necesarias mientras se vulneren los derechos, que en el caso de los «no heterosexuales» cubanos, se erigen en grupo numeroso. Sin embargo, con dictar leyes o reformarlas no se logrará nada si no insistimos y perfeccionamos la educación en la sexualidad, la participación ciudadana plena en los procesos que destierren al machismo y demás formas de discriminación.

Dirijamos la mirada hacia la racialidad y violencia contra la mujer en la Isla y encontraremos que no son problemáticas erradicadas definitivamente del imaginario social, ni de la práctica cotidiana.

Los cambios culturales son lentos y nos parecerán eternos mientras no se aplique un enfoque participativo y emancipatorio real. Aunque todas y todos podemos acelerar las transformaciones, nuestros jóvenes constituyen los principales agentes de cambio.

«Soy un convencido de que es contrarrevolucionario discriminar desde los prejuicios».

Tomado de Revista Alma Mater

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

3 + veinte =