La producción de datos sobre violencias de género constituye un imperativo en aras de comprender la situación de los países y tomar acción política. En la recomendación número 35 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), se destaca la importancia de la recopilación de datos sobre estas violencias y la utilidad que tienen para el desarrollo de intervenciones que busquen incidir en la problemática. A su vez, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer insta a establecer un sistema de vigilancia estricto y con recursos económicos que permitan la recogida y salvaguarda de la información.
En Cuba, en los últimos dos años, pueden identificarse avances que dan cuenta de los esfuerzos del Estado y la sociedad civil para poner fin a todas las formas de violencia de género. La actual Constitución de la República de Cuba esclarece el enfrentamiento a las violencias contra las mujeres, haciendo énfasis en el espacio familiar; el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres contempla entre sus áreas estratégicas la erradicación de las violencias basadas en género y la recientemente publicada Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género es enfática en cuanto a la política de tolerancia cero frente a las violencias de género.
Pese a estas iniciativas legislativas y otras que transcurren en el ámbito académico y del activismo social, la medición de las violencias de género en el país sigue siendo un desafío que debe ser resuelto, ya que compromete la efectividad de los esfuerzos antes mencionados. Para empezar, las búsquedas bibliográficas realizadas arrojan que no existe en Cuba un diagnóstico de la situación, lo que complejiza el establecimiento de una línea base. A esta dificultad se suma que los estudios identificados en el último quinquenio que abordaron la problemática, se distinguen por ser aproximaciones eminentemente descriptivas, carentes de una perspectiva interseccional, que no han abordado la situación de los femicidios y feminicidios y que tienen posicionamientos conceptuales en torno a las violencias de género que encuentran pocos puntos de coincidencia. Sin embargo, pese a las limitaciones identificadas, son los hallazgos de estas investigaciones los que permiten colocar las violencias de género en los espacios de debate académico y de toma de decisiones.
A la ausencia de un diagnóstico conciso se suman las dificultades que tienen las estadísticas disponibles sobre violencia hacia las mujeres, que en el país solo provienen de registros estatales y escasas encuestas. En la publicación del Anuario Estadístico de Salud se recoge la mortalidad femenina por causas violentas; sin embargo, no se distingue en cuáles de ellas el género estuvo en la base de esa mortalidad.
En este registro administrativo, las debilidades de la información nacen en la ausencia de una perspectiva de género para su procesamiento. Si bien los Anuarios Estadísticos de Salud recopilan la mortalidad femenina por causas violentas, es imposible conocer en los datos publicados cómo esa mortalidad tiene su base en el género y en las desigualdades que subyacen al establecimiento de un sistema e ideología patriarcal. En estas fuentes de información también resulta imposible llegar a los microdatos.
A esta situación se suma que no pudieron encontrarse registros públicos que den cuenta de la respuesta social ante las violencias basadas en género. No se hallaron estadísticas de asistencia a servicios, mucho menos sobre denuncias por violencias basadas en género que articulen los datos provenientes de diferentes instituciones y que permitan levantar información sobre los procesos de sanción y reparación de daños.
En relación con las encuestas, que constituyen la segunda fuente de información para la medición de las violencias de género, durante 2020 vieron la luz tres documentos que son de obligatorio análisis para aproximarse a la producción de datos: la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género ENIG -2016, la Encuesta a Personas con VIH/sida-2018 y la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados MICs-2019. Ninguna de las tres es netamente sobre violencia y su conceptualización solo se coloca en dos de ellas. La encuesta sobre VIH/sida trabaja con el concepto de violencia facilitado por la OMS y en la ENIG aparece una definición operativa de elaboración propia centrada en la violencia contra la mujer. Ambas son de escaso alcance y en el cuerpo de los documentos se centran en las violencias ejercidas por parejas, lo que deja fuera la posibilidad de realizar análisis multidimensionales y el deficiente cruce con otras variables imposibilita la lectura interseccional de los datos.
Las encuestas que abordan la violencia de género y que fueron referidas con anterioridad recopilan indistintamente información para caracterizarla y no en todas se identifican elementos que permitan abordar la respuesta social articulada. Los datos se presentan de manera dispersa en unas y otras, pueden encontrarse hasta puntos de contradicción en la información y no se conoce con claridad la conceptualización con la que se está operando.
Es evidente la imposibilidad de trazar la ruta de respuesta social que transitan las mujeres en situaciones de violencia de género. Las encuestas analizadas se centran más en dar una perspectiva muy global de la problemática y en colocar la percepción que sobre esta tiene la población. El poco entrecruzamiento de los análisis con variables como el color de la piel, origen territorial, los ingresos, sexualidades, entre otros; imposibilita la oportunidad de realizar análisis interseccionales y los datos para hablar de prevalencia son insuficientes.
Además de los elementos enunciados con anterioridad como dificultades de la recogida de la información, existe una situación en los datos que alarma y da cuentas de la invisibilidad de los cuerpos, sexualidades e identidades no heteronormativas frente a las violencias de género. En ninguno de los documentos revisados, registros administrativos o encuestas, se hace alusión explícita a la realidad de mujeres lesbianas y trans frente a la problemática. Nuevamente, sus experiencias de vida, que dan cuenta de violencias sistémicas, quedan fuera del lente que busca construir información para tomar acción política.
Una de las primeras complejidades para colocar las realidades de mujeres lesbianas y trans radica en los límites epistemológicos en los conceptos de violencias basadas en género que sustentan teóricamente los estudios. Existe una homologación casi acrítica entre violencia de género y violencia hacia la mujer; no cualquier mujer, una mujer cisgénero y heterosexual según denotan los datos de consulta pública. Esta concepción binaria y hegemónica no solo reduce la complejidad y el alcance político de la información; sino que contribuye a perpetuar los mitos, prejuicios y estereotipos que sustentan las violencias que experimentan mujeres lesbianas y trans desde una matriz que pondera la heteronorma y la cisgeneridad.
En la encuesta sobre personas que viven con VIH y sida se puede identificar que se habla indistintamente de las violencias de género hacia mujeres y HSH, sin adentrarse en los orígenes de una y de otra y sin develar cómo la condición de seropositividad afecta indistintamente a mujeres trans o lesbianas seropositivas, con mayor énfasis en las primeras. Develar esta información no solo contribuiría a mejores estrategias para detener la epidemia en el país; sino que sistematizada con claridad, apoyaría el desmontaje de mitos sobre la inexistencia del virus en mujeres lesbianas y pondría al descubierto la infección en mujeres trans como resultado de violencias múltiples en diferentes escenarios de socialización.
Las MICs-2019 centraron más su atención en la percepción que tienen las personas sobre la violencia que viven mujeres y niñas que en la ocurrencia de la problemática en Cuba. Cuando se analiza el procesamiento estadístico realizado, las cifras de prevalencia son ínfimas y cuando se contrasta la información con indicadores como la mortalidad femenina por causas violentas, recogida en el Anuario Estadístico de Salud, no existe coherencia entre un dato y el otro. Otra dificultad importante de esta encuesta es que el nivel más micro de recogida de la información es la provincia. Si bien se recoge en el instrumento aplicado el color de la piel, luego no realiza un análisis interseccional que incluya la variable y tampoco tiene en cuenta un abordaje de las sexualidades no hegemónicas y el impacto de las violencias basadas en género en estas personas.
La ENIG-2016 vuelve a centrar la atención en la percepción que existe sobre la violencia hacia las mujeres. En este caso particular, el área que más se explora es la vida en pareja, pero el análisis de los resultados tiende a la superficialidad y no existe posibilidad de explorar la ocurrencia en otros espacios de socialización. Esta encuesta, como las anteriores, tiene la limitación de recoger solo datos que competen a mujeres en mayoría de edad, elemento que ha sido señalado internacionalmente como una brecha en las encuestas y que podría ser salvado con los registros administrativos, pero no sucede así. Cuando se aborda la violencia en la pareja, nuevamente la visión está marcada por los sesgos heteronormativos de quienes diseñan los instrumentos y participan de los procesos de recogida y procesamiento de la información.
La comprensión de las violencias de género que vivencian mujeres lesbianas y trans como violencias intragénero, limita la comprensión holística de sus realidades, así como la aproximación a un fenómeno que es estructural y que lejos está de tratarse de una violencia entre pares. Los mecanismos de opresión y las brechas de desigualdad que sustentan la violencia de género y, de manera particular en el espacio de la pareja, siguen siendo un terreno desconocido para los registros públicos que no consiguen articular las estrategias para a nivel de datos, al menos, develar sus complejidades.
Tampoco existen datos a nivel de estadísticas de las violencias de género que sufren estas mujeres en otros escenarios de socialización. Solo algunas investigaciones hacen alusión a sus realidades violentas en escenarios escolares, de salud, en el ámbito familiar y en su relación con agentes del orden público. Estos espacios de vulneración del derecho a una vida libre de violencias han sido recogidos en estudios de carácter descriptivo y algunos propositivos; pero es más importante señalar que han estado permanentemente en el debate público de activistas sociales por los derechos sexuales que, desde diferentes plataformas, han colocado los mecanismos de opresión ejercidos por diferentes dispositivos del poder que se encuentran articulados en instituciones y organizaciones estatales.
La información disponible que se encontró solo permite un primer acercamiento a las violencias basadas en género en el país. Existen grandes brechas en materia de indicadores que permitan un análisis interseccional y para poder identificar los motivos de género habría que recurrir a una reconstrucción social de los hechos en el terreno, lo cual también se complejiza por la ausencia de microdatos. Las barreras en la recogida de datos y los sesgos hetero y cisnormativos constituyen un límite sustancial para la comprensión de la situación de la violencia de género en Cuba. Elevar la calidad de la recogida de los datos y su estandarización en un sistema de registro único no serán esfuerzos suficientes si se siguen dejando fuera realidades no hegemónicas atravesadas por las violencias de género. Se trata de alinear las estrategias para dotarlas de coherencia política y que se revierta en la garantía de derechos humanos.
Resulta un imperativo superar las limitaciones epistemológicas existentes en el abordaje teórico y metodológico de las violencias de género, para poder volcar el consenso en lo referido con anterioridad y en la elaboración de estadísticas con enfoque de género y derechos humanos que tengan en cuenta la perspectiva interseccional. Debe trabajarse en profundidad la generación de microdatos y su reflejo en las estadísticas oficiales del país, así como en la construcción de estadísticas sobre el acceso a los servicios destinados a brindar atención a las mujeres (en su heterogeneidad) víctimas de violencias basadas en género. Partir de reconocer nuestras brechas en la información es una puerta de entrada para la transformación social y para que las iniciativas estatales y de la sociedad civil aterricen en realidades poco observadas y que requieren una protección y garantía inmediata de sus derechos.
