La Habana, diciembre (SEMlac).-Garantizar y hacer disfrutables los derechos de la comunidad LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer) en Cuba preocupa a activistas, académicos y funcionarios sensibles.
Para el destacado intelectual cubano Norge Espinosa, el insulto, la vejación, la discriminación laboral, el recelo de la policía con ciudadanos homosexuales y trans son ejemplos de cuánto falta por hacer en materia de derechos.
«Crear coaliciones de fuerza, alzar la voz y hablar claro de esos acontecimientos puede levantar aún más la necesidad de nuevas verdades y derechos», declaró Espinosa a SEMlac.
Este tema concitó varios momentos de discusión en el año y fue retomado durante el segundo Taller Sexualidades y Derechos Humanos, organizado por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) en La Habana, los días 9 y 10 de diciembre, para promover el debate sobre la vulnerabilidad de los derechos laborales, sexuales y reproductivos de las personas homosexuales y transgénero en la isla.
Durante el encuentro, el abogado Juan Antonio Quintanilla, representante del Ministerio de Relaciones Internacionales ante las Naciones Unidas, expresó que la política exterior del gobierno cubano es apoyar el progresivo reconocimiento y garantía de los derechos de la diversidad sexual.
El gobierno cubano votó a favor de dos resoluciones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 2012 y septiembre de 2014, las cuales exhortan a los gobiernos a proteger los derechos de la diversidad sexual.
Aunque ambas resoluciones no obligan a los Estados a garantizar los derechos humanos y luchar contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, según el diplomático los documentos sí expresan la voluntad política de los países firmantes.
Sin embargo, al interior de la isla, la vida cotidiana no siempre se corresponde con la política exterior.
Para el activista y estudioso Alberto Roque Guerra, perviven en el país «biopolíticas excluyentes que contravienen el principio de universalidad y equidad» en materia de derechos sexuales y reproductivos.
En su artículo Derechos, sexualidades y géneros en transición, el experto reconoce el amplio recorrido de Cuba en materia de derechos reproductivos, aunque estos han sido garantizados principalmente para las mujeres y las parejas heterosexuales.
«Las políticas del estado reconocen la parentalidad heterosexual como la única legítima», afirma.
Roque Guerra opina que la obligatoriedad de las intervenciones médicas como requisito para el reconocimiento legal de la identidad de género en personas transexuales vulnera los derechos de esta población en materia legislativa.
El activista suscribe en su artículo que «una ley de identidad de género que garantice estos derechos sin intervenciones médicas es perentoria».
Temas legislativos como el matrimonio igualitario y la adopción emergen ante el velo de silencio que rodea el pospuesto Anteproyecto de Código de Familia, pendiente de análisis y discusión por el Parlamento cubano y el cual incluye la unión legal de personas homosexuales, no así la adopción.
Abogar por el reconocimiento de los derechos patrimoniales en parejas del mismo sexo une voluntades del activismo cubano, pero temas como el matrimonio y la adopción generan puntos de vista encontrados.
«No necesito nada que diga que tengo una pareja de mi mismo sexo o firmar un documento para que nuestra relación sea válida. Lo que sí necesito es la misma protección que dan las leyes a las parejas no «oficializadas» de personas de sexos diferentes», dijo Gustavo A. Valdés Pi a SEMlac.
Vivir, el más preciado de todos los derechos
La muerte reciente de hombres gays y la violencia cotidiana que viven mujeres trans alertan sobre la vulnerabilidad del derecho humano principal: la vida.
La ausencia de estadísticas, el silencio mediático sobre esta problemática y el actuar prejuiciado de las autoridades han sido denunciados por activistas de la isla.
La indefensión en materia legal es, para Norge Espinosa, «como un agujero negro» sustentado en el prejuicio.
«Un homosexual sigue siendo, en la mente de muchos, un ciudadano no trascendente ni respetable, de ahí que eliminar uno de ellos parece ser, de acuerdo al prejuicio, una labor de limpieza que casi nadie lamentará», reflexiona el dramaturgo en declaraciones a SEMlac.
La abogada Arlín Pérez Duharte, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, coincide en que las sexualidades no heteronormativas han sido estigmatizadas y desprotegidas en materia penal.
La académica ubica al centro de la polémica la definición del bien jurídico a proteger por el Código Penal cubano, vigente en el país desde 1979.
Durante su participación en el evento organizado por Cenesex, Pérez Duharte explicó que, en materia sexual, el Código Penal tipifica como bien jurídico el «normal desarrollo de las relaciones sexuales», dando pie a interpretaciones prejuiciosas.
La profesora universitaria dijo a SEMlac que los cambios legales de avanzada generados en otros países han sido posibles por el protagonismo de la sociedad civil y su puja a favor del cambio.
En Cuba, la comunidad LGBTIQ gana en empuje social y cuenta con el apoyo institucional del Cenesex y su directora Mariela Castro Espín.
Fruto de los esfuerzos colectivos han sido los resultados que ostenta la comunidad, entre ellos que las personas transexuales cuenten con la cobertura médica para el cambio de identidad.
El Cenesex facilita, además, las gestiones para el cambio de nombre e imagen en los documentos legales —carné de identidad— y más de una decena de jóvenes transexuales cursan estudios universitarios.
Otro de los logros más recientes se encuentra en la inclusión en el nuevo Código del Trabajo de la orientación sexual y el género entre las causas por las que se prohíbe la discriminación laboral (Artículo 2, inciso b), un resultado que alegra a la comunidad.
A la vez, este documento genera disgusto por la no inclusión de la identidad de género y el acoso laboral.
Derechos laborales…una conquista diaria
Cristal fue víctima de discriminación laboral en el hospital capitalino Calixto García. Luego de intentar expulsarla de su plaza laboral, sin causa aparente, le propusieron un puesto de trabajo de menos calificación.
«Cometiendo abuso de poder, las personas se valen de estrategias para discriminar. Por ejemplo, bajo el concepto de idoneidad se camuflajea la discriminación. Nos dicen: ‘no eres una persona idónea para trabajar en esta institución porque no tienes una imagen acorde a tu sexo biológico'», recuerda esta licenciada en laboratorio clínico.
Aunque Cristal asumió la defensa legal de sus derechos, la decepción fue tal que decidió cambiar de trabajo.
El acoso y la discriminación laboral resultan difíciles de probar, por no estar validados en el país los medios de prueba pertinentes.
«Con el nuevo código, el empleador tiene la obligación de velar por la integridad física, moral y psicológica de sus trabajadores. Sin embargo, todavía no están validados medios de prueba que nos permitan demostrar el acoso psicológico en el trabajo», dijo a SEMlac Liset Mailén Imbert Milán, abogada del Cenesex.
La ley cubana de procedimiento civil, laboral y económico es de 1977, considerada obsoleta.
En opinión de Alberto Roque, el desafío está en cambiar las mentes «hacia paradigmas verdaderamente emancipatorios, basados en la equidad y la justicia social».
Y añade: «la voluntad política para reconocer los derechos sexuales como derechos humanos debe expresarse en hechos concretos que la sustenten».
Ante la pregunta de SEMlac sobre la responsabilidad de funcionarios y funcionarias del Estado que cometen actos discriminatorios, Miriam Lau Valdés, directora de Relaciones Internacionales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, recalcó la necesidad de conocer la ley.
«Nosotros tenemos la obligación, por ley, de cumplir de cumplir con la legislación vigente en el país. Y respondemos disciplinariamente ante el incumplimiento de las normas jurídicas», asegura Lau Valdés.
