Activistas denuncian homofobia y transfobia en el trabajo

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) sufren con frecuencia discriminación en el ámbito laboral cubano, trascendió durante un panel convocado por las redes sociales comunitarias que coordina y apoya el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

Medidas disciplinarias injustificadas, separación del centro de trabajo, burlas o comentarios discriminatorios, demociones, obstáculos para ascender a otro puesto, negación del empleo y acoso sexual y psicológico fueron algunas de las manifestaciones de rechazo descritas por activistas de estos grupos en el encuentro realizado el 24 de octubre en el bar privado Humbolt´s 52, uno de los más populares sitios «amigables» (gayfreindly) para la comunidad LGBTI de la capital cubana.

Los prejuicios homofóbicos y transfóbicos de las administraciones y los órganos de justicia laboral obstaculizan el derecho de esta parte de la ciudadanía a trabajar en condiciones de igualdad, concordaron varias intervenciones.

Anualmente, los servicios de orientación jurídica del Cenesex tramitan cientos de quejas y denuncias por ultrajes contra personas LGBTI cuando intentan acceder a una plaza, o como resultado del ensañamiento de superiores y colegas por prejuicios hacia su orientación sexual o identidad de género.

Sin embargo, al manifestarse muchas veces de manera solapada y sutil, resulta complejo refutar legalmente estos actos, expusieron en el encuentro integrantes de la Red de Juristas por la Diversidad.

El graduado en derecho Yerandy Espinosa aseguró que ninguna jefatura puede afectar a un trabajador o trabajadora con buenos resultados y calificación por tener una identidad de género contraria a su sexo biológico, ser homosexual o lesbiana.

Cuando sucede, el especialista refirió la posibilidad de formular quejas ante el órgano de justicia laboral, la administración del centro, los tribunales municipales e incluso la fiscalía, si existen elementos probatorios suficientes y no se ha logrado un resultado favorable en las instancias precedentes.

Inmersa hace dos años en un proceso de ese tipo tras la aplicación de medidas disciplinarias laborales contra ella y su pareja por ser lesbianas, Olimpia Díaz Borges detalló las consecuencias de las tensiones acumuladas por el acoso lesbofóbico para la salud psicológica y física de ambas.

«Mi compañera sufrió un infarto cerebral producto de una subida de presión por el estrés y todavía no se ha recuperado», ilustró la integrante del Grupo de Mujeres Lesbianas y Bisexuales Fénix, en la central provincia de Cienfuegos.

La reciente Ley 116, Código del Trabajo, funciona como un instrumento para defender los derechos de estos grupos pues, por primera vez, en una legislación cubana se incluye de manera explícita la no discriminación por orientación sexual y género entre los principios fundamentales de igualdad ante el trabajo.

«La aplicación del Nuevo Código de Trabajo abre la posibilidad de combatir legalmente cualquier manifestación de homofobia y transfobia en el ámbito laboral, uno de los escenarios más hostiles junto con la familia y la escuela para nuestra comunidad», consideró el periodista Francisco Rodríguez Cruz, moderador del encuentro.

Pero, para muchos, la legislación quedó a medias por no mencionar la identidad de género entre las condiciones de posible discriminación, como fue demandado por numerosos activistas durante el proceso de consulta de esta norma jurídica en 2013 y defendido por la diputada Mariela Castro en la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) el pasado diciembre.

Como resultado, las personas travestis, transexuales y transgénero tienen menos posibilidades de defender su derecho al empleo, pese a ser la población más segregada en este espacio por prejuicios sexuales.

Nomi Ramírez, del grupo de activistas Trans Cuba, describió varios casos de muchachas transexuales que enfrentaron resistencias descarnadas para culminar estudios medios y superiores, y a las que posteriormente les negaron un puesto de trabajo para el que estaban preparadas.

«Necesitamos leyes que nos amparen concretamente», defendió la activista.

Malú Cano, coordinadora de esa red, explicó a SEMlac que otro tema sensible está en la educación de las personas trans, quienes por lo general no logran calificarse porque los centros de estudio se resisten a aceptarlas cuando asumen su identidad de género, contraria al sexo establecido por sus genitales externos.

Entre más de 700 transexuales, travestis y transgéneros que se vinculan a esta red comunitaria en la capital, solo 11 tiene un empleo estatal, aseguró Cano.

El jurista Manuel Vázquez adelantó que el Cenesex investiga la situación de estas poblaciones en el país para elaborar una Ley de Identidad de Género lo más amplia posible, que se propondrá próximamente a la Asamblea Nacional para su aprobación.

Más allá de las leyes, Mercedes Ramírez, del grupo Humanidad por la diversidad (HxD), resaltó la responsabilidad de activistas en la denuncia de hechos discriminatorios y les instó a conocer bien sus derechos y deberes.

«El activismo enfrenta un reto difícil ante el que debemos mantener el ‘sospechómetro’ activado, porque las discriminaciones mutan y tributan al doble discurso, sufren modificaciones por épocas, pero se van acomodando a las nuevas circunstancias», opinó.

A su juicio, el antídoto está en desenmascarar la exclusión, socializar el conocimiento, las experiencias de vida y desarrollar una ciudadanía con «enfoques de emancipación desde mentes descolonizadas».

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