Representantes de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros) en Cuba demandan la inclusión explícita en el nuevo Código del Trabajo de elementos que ayuden a evitar la discriminación por orientación sexual, género e identidad de género en el espacio laboral.
Desde sus bitácoras personales, el periodista Francisco Rodríguez Cruz y el doctor Alberto Roque Guerra hicieron públicas sus apreciaciones sobre el tratamiento de la diversidad sexual en el anteproyecto legislativo, actualmente en fase de consulta entre más de 80.000 secciones sindicales del país, proceso iniciado el 20 de julio y que se extenderá hasta el 15 de octubre.
Ambos activistas coinciden en proponer una modificación al inciso A del artículo 2 del documento, debatido actualmente por las y los trabajadores de Cuba antes de su posible aprobación en diciembre por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral).
El documento establece los principios fundamentales que rigen el derecho al trabajo a partir de que «toda mujer u hombre en condiciones de trabajar, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, religión, opinión política, origen nacional o social, y de cualquier otra lesiva a la dignidad humana, tiene derecho a obtener un empleo con el cual pueda contribuir a los fines de la sociedad y a la satisfacción de sus necesidades y las de su familia, atendiendo a las exigencias de la economía y a su elección, tanto en el sector estatal como no estatal».
Para Roque y Rodríguez deberían añadirse a la enumeración los términos «orientación sexual e identidad de género» y sustituir la mención al «sexo» por el concepto de «género».
Con ello, se reconocerían estos como motivos posibles de discriminación laboral y podría alertarse sobre una de las causas principales de conflictos para las personas LGBT en Cuba, junto a los problemas familiares y escolares, consideró el periodista.
En el post «Nuevo Código de Trabajo podría proteger por primera vez derechos de homosexuales en Cuba», publicado el pasado 2 de agosto en su blog Paquito el de Cuba, el comunicador exhorta a las personas y los grupos de activismo por la diversidad sexual a proponer este cambio en sus colectivos sindicales, así como presentarlo directamente a diputadas y diputados.
La propuesta de Roque en su Carta Abierta al presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, publicada en el blog Homo Sapiens el pasado 10 de agosto, resulta mucho más abarcadora porque advierte sobre otro tipo de discriminaciones que, por razones de omisión o ambigüedad conceptual, reproduce el anteproyecto.
Entre ellas refiere la mención de mujer u hombre sin tener en cuenta a quienes no se identifican como tales; la utilización del ya superado concepto de raza y la ausencia de la discapacidad y la condición seropositiva al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como causas de injusticia.
«La inclusión de las categorías anteriores en el apartado considerado como ‘lesivas a la dignidad humana’ no ofrece protección suficiente ante violaciones de los derechos laborales de las personas comprendidas en estos grupos», subrayó el también militante del Partido Comunista de Cuba (PCC).
El médico tampoco se conforma con la aclaración al inicio del texto de que el término «trabajador» incluye a todas las personas, y demanda un lenguaje libre de sexismo en todo el documento.
Además, advierte que el artículo 49, donde se establece que al determinar la persona «idónea» para un puesto de trabajo no debe existir discriminación de género u «otro tipo», nuevamente se obvia la referencia directa a la homofobia.
Brechas para el empleo
La intención de modificar la principal norma jurídica sobre asuntos laborales en Cuba responde, principalmente, a la actualización del modelo económico del país, que amplió las condiciones de acceso al trabajo no estatal en los últimos dos años.
Sin embargo, para representantes de la sociedad civil constituye la oportunidad de hacer más visibles en este ámbito los derechos de grupos no hegemónicos.
La economista Teresa Lara mostró preocupación por las insuficientes especificaciones en el Código sobre el sector no estatal, donde muchas mujeres aparecen en posiciones de vulnerabilidad como fuerza subcontratada.
A su juicio, deben explicitarse las condiciones y garantías de trabajo en este sector para condiciones como la maternidad y el cuidado familiar, así como respetar la jornada laboral de ocho horas.
«Debemos entender que no basta con decir que hay igualdad de derechos, si no se tienen en cuenta las oportunidades de cada persona para acceder a ellos, entre las que cuentan las diferencias de género y los prejuicios homofóbicos», refirió la estudiosa en diálogo con SEMlac.
Según el jurista del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Manuel Vázquez Seijido, las leyes cubanas no tienen ninguna manifestación explícita que pueda respaldar un acto discriminatorio.
Sin embargo, tampoco lo prohíben, de ahí que la isla se encuentre entre las naciones de legislación ambigua según el Mapa Mundial de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA).
Vázquez confirmó a SEMlac que hasta la consultoría jurídica del Cenesex han llegado reiteradas denuncias sobre actos homofóbicos en el ámbito laboral, especialmente por la negativa a otorgar empleo a personas no heterosexuales, o por la intención de cesar el contrato luego de conocer su orientación sexual.
Las personas transgénero son las más vulnerables en este sentido. Yenys Romero, asistente de enfermería y coordinadora de la red Trans Cuba en la central provincia de Ciego de Ávila, comentó a SEMlac la dificultad que supone encontrar trabajo en el sector estatal para quienes tienen una identidad de género que no se corresponde con sus genitales externos.
«Casi todas tenemos que ser auxiliares de limpieza o asistentes de servicios, y a otras no les queda más opciones que la prostitución», opina.
Un punto de avance para este grupo ha sido la resolución del Ministerio de Justicia que, desde mediados de este año, les permite aparecer en el carné de identidad con la apariencia y el nombre elegidos según su identidad de género.
¿Y el acoso?
Entre los hechos discriminatorios de las personas LGBT denunciados por Roque en su misiva se encuentra la obligación a mantener oculta en el ámbito laboral la orientación sexual e identidad de género de los individuos que no cumplen con la norma heterosexista.
«También se aprecian hechos de acoso moral en el trabajo con un desfavorable impacto sobre la salud física y mental de las víctimas, además de la imposibilidad de acceder a cargos de dirección o a ser promovidos por tener una orientación sexual o identidad de género diferente a la norma heterosexual», agrega.
No obstante, el Anteproyecto del Código del Trabajo no recoge este aspecto. De sumarse en el texto definitivo, sería una contribución para prevenir la violencia laboral, en especial de índole sexual y de género, indicó Vázquez Seijido.
Roque sostiene que debe añadirse un artículo específico que defina el acoso moral en el trabajo y mencione las obligaciones de la administración y el Sindicato en función de crear espacios y ambientes seguros.
Por su parte, Francisco Rodríguez propone añadirlo en el artículo 143 del anteproyecto, como parte de las «violaciones de la disciplina de trabajo».
El bloguero indicó a SEMlac que en este apartado existen dos incisos sobre la falta de respeto a superiores y el maltrato de obra o de palabra a superiores, pero no se hace alusión a los excesos de estos con sus subordinados.
Las propuestas para modificar el proyecto del nuevo Código del Trabajo traídas al debate público por activistas LGBT encuentran respaldo en el objetivo de enfrentar la discriminación por orientación sexual expuesto por la dirección política del país en la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba, celebrada en 2012.
Otras iniciativas legales en favor de estos grupos están en fase de estudio. El proyecto del Nuevo Código de Familia propuesto en el pasado período legislativo por la Federación de Mujeres Cubanas incluye la posibilidad de adopción y la unión legal para las parejas del mismo sexo, pero aún no ha sido sometido a discusión.
Por ello Rodríguez Cruz considera que los planteamientos no deben quedar aislados. «Hay que hacerlos circular para que muchas más personas los propongan, incidir sobre diputados y diputadas de forma directa, con argumentos», consideró.
En su criterio, esta coyuntura de actualización legislativa representa una «posibilidad excepcional para incorporar una perspectiva de género, antidiscriminatoria e inclusiva en todas las leyes aprobadas en adelante».
