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Los cambios propuestos al Código de Familia en Cuba no benefician solamente a grupos y personas específicas, sino al funcionamiento de las familias en general, de acuerdo con instituciones que gestionan modificaciones a esa norma, pendiente de análisis en el parlamento cubano.
«No se trata de promulgar una ley aparte para lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTB), porque precisamente esas personas son hijas, padres, madres o sobrinas de alguien. ¿Qué mejor contexto entonces que las normas de familia para reivindicar también su lugar como seres humanos en ese ámbito?», señaló la jurista Zulendrys Kindelán, del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), el pasado martes 12 de abril en La Habana.
En un encuentro con jóvenes en la Casa de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), como parte de las Jornada Cubana de Lucha contra la Homofobia, Kindelán precisó que las modificaciones relativas a la diversidad sexual e identidad de género abarcan solo un tercio entre los importantes cambios que se proponen.
En ese capítulo se ha incluido el reconocimiento legal a las uniones del mismo sexo y la referencia expresa de que la familia es el primer eslabón responsabilizado con garantizar el apoyo y protección a las personas LGTB, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género, pues «es en la familia donde primero encuentran rechazo, en muchos casos», comentó la jurista.
De aprobarse el código en esos términos, será ilícito o contrario de derecho el actuar de un padre que excluya de los aspectos familiares a su hijo, «porque no le gusta», puntualizó.
«Se trata de cumplir con ese mandato de dignificar la vida de los seres humanos, no incluirlos significaría abrir más las brechas», añadió.
Kindelán agregó que el proyecto no plantea el matrimonio homosexual, pues la intención no es agredir los cánones jurídicos establecidos, como la constitución, ley suprema que fija el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y a la cual ninguna otra norma legal debe contradecir.
En este caso se propone considerar legales las uniones de personas del mismo sexo, lo que significaría que, al tener efecto legal, a sus integrantes les corresponden todos los derechos que tocan igualmente tocan a las uniones matrimoniales o legales, incluidos los personales y patrimoniales.
«De ese reconocimiento legal se derivan muchísimas cuestiones que van más allá de los caprichos, prejuicios o tabúes», afirmó la jurista. «Las personas que se unen fundan un hogar, adquieren responsabilidades, bienes y, por tanto, requieren de una protección legal que hoy no tienen. Se trata del ejercicio de sus derechos», dijo la abogada.
En torno a este particular giraron las principales inquietudes del público joven, en particular las situaciones que aún no están contempladas en las propuestas de modificaciones y no dan respuesta a todos los aspectos que inquietan a la comunidad LGTB en lo concerniente, por ejemplo, a la posibilidad de la adopción y la reproducción asistida, luego de haber legalizado su unión y fundar una familia.
«Respecto a la adopción, se ha observado que hay una resistencia», comentó la jurista. Aunque la adopción es actualmente una cuestión admitida por el derecho en Cuba, este no especifica y alude al hecho como un derecho de la familia que tenga mejores condiciones para asumir responsablemente los contenidos de la patria potestad.
«Pero hay una práctica de asociar el beneficio de los niños con la heteronormatividad, pues solo se concibe como modelo de familia aquella que se funda en el estricto lazo creado entre un hombre y un mujer, y a veces esa práctica dificulta la realización de la adopción, incluso, por personas que no son casadas», reflexionó la jurista.
En la práctica existe la adopción natural de personas «que viven juntas, del mismo sexo, bajo el mismo techo, y que tienen bajo su cuidado a niños, sea sobrinos o descendencia de su pareja. Son familias felices, sin traumas», comentó.
Más lejos de considerar por ahora en la regulación familiar están los servicios de reproducción asistida, que actualmente atienden a criterios estrictamente clínicos, de sustitución de procedimientos, cuando debido a alguna patología, es imposible procrear.
«Desde ahí es difícil incorporar a personas que no tienen ninguna patología», reflexionó Kindelán, y agregó que se trata de procedimientos costosos que en Cuba se destinan a casos con alguna patología. No obstante, se manifestó partidaria de que «cuando esos criterios se amplíen, porque las condiciones económicas cambien, se piense y haga una lista con igualdad para todas las personas».
Promovido por la Federación de Mujeres Cubanas y la Unión de Juristas de Cuba, el proyecto de modificaciones está pendiente de discusión en el Parlamento cubano y ha contado con aportes de varias instituciones del país, incluidos centros de estudios de la Educación Superior, el Ministerio de Educación, el Centro Nacional de Educación Sexual, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, el Centro de Estudios de la Mujer y las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia.
Entre las nuevas propuestas se atempera el lenguaje a las exigencias de la Convención de los Derechos del Niño, se erradica la alusión a «menores de edad» por las de niñas, niños y adolescentes, que indica mejor las diferencias en etapas de desarrollo; se amplía el contenido de la patria potestad y se incluyen nuevos tipos; se elimina el casuismo y preferencia por la madre para otorgar la guarda y cuidado en los caos de divorcios.
Igualmente establece derechos de comunicación familiar de abuelos, abuelas y otros parientes y se introducen nuevos títulos, como la asistencia a madres o padres en circunstancias especiales, la asistencia a personas adultas mayores y discapacitadas.
Kindelán explicó que la promoción de modificaciones a la ley familiar parte de que «hay cuestiones sociales y familiares que no encuentran un reflejo exacto en nuestro Código de Familia, que fue promulgado en 1975 y en su momento fue uno de los más avanzados de la región».
«Las nuevas propuestas se dirigen entonces a que la norma legal se siga actualizando a la luz de nuevas realidades sociales, que necesitan ser reguladas en la misma norma», señaló
Abril de 2011
