Derechos sexuales y reproductivos: falta camino por andar

El matrimonio entre personas del mismo sexo, la posibilidad de adopción para las familias homoparentales y la educación integral de la sexualidad estuvieron entre los temas más polémicos de un foro online realizado el 14 de mayo y que confirmó que falta mucho por andar en el camino de alcanzar todos los derechos para todas personas.

Desarrollado por el sitio web Cubadebate, el intercambio virtual formó parte del programa de actividades de las XIII Jornadas Cubanas Contra la Homofobia y la Transfobia, que este año se trasladaron al escenario virtual por la contingencia sanitaria provocada por la Covid-19.

Manuel Vázquez Seijido e Ivón Calaña Pérez, subdirector y asesora jurídica, respectivamente, del Centro Nacional de Educación Sexual (), institución que coordina las jornadas, junto a Yamila González, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, dialogaron con internautas, periodistas y activistas por los derechos LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales), en un intercambio que superó los 570 comentarios.

“No estoy de acuerdo con la homosexualidad en nuestro país”; “no se debe ir contra las leyes de la creación”; “para mí la familia sigue siendo la tradicional (hombre y mujer), o sea, el matrimonio y mejor ni tocar el tema adopción”.

Comentarios como esos, y otros profundamente irrespetuosos, con evidente sesgo patriarcal u originados en mitos anticientíficos y no pocas posturas fundamentalistas asomaron en el largo debate, que se extendió por dos horas, pero que siguió sumando criterios una vez terminado el tiempo formal del foro.

El pie forzado para el debate fue un artículo publicado horas antes en el sitio, el cual detalla que la Constitución de la República de Cuba, en vigor desde 2019, refrenda los derechos de todas las personas sin distinción.

“La nueva Carta Magna es el resultado de más de una década de activismo ciudadano e institucional por los derechos sexuales de las personas LGBTI, de una progresiva labor política y gubernamental en función de la educación integral de la sexualidad, y de la creciente superación de la homofobia y la transfobia entre la población cubana”, precisa el texto de Cubadebate.

Para Vázquez Seijido, si bien tener una opinión personal sobre un tema es un derecho, esto no puede convertirse en razón para “lesionar los derechos de otras personas”.

“Actualmente, nuestra Constitución regula en su artículo 40 la dignidad humana como el valor que debe primar en la interpretación de los derechos humanos en nuestro contexto”, comentó el subdirector del Cenesex.

El jurista acotó que también se deben tener en cuenta los principios de igualdad, equidad y no discriminación. “Así como usted tiene el derecho a expresar su criterio, el resto tiene el derecho a expresar su sexualidad de manera plena y sin discriminación”, precisó, en respuesta a uno de los internautas.

Entre los tópicos más polémicos del intercambio estuvieron el reconocimiento legal a las uniones entre personas del mismo sexo, incluido el matrimonio, y la posibilidad de que estas familias puedan adoptar o procrear niñas y niños.

Si bien alrededor del 77 por ciento de la población cubana consultada por la Encuesta Nacional de Igualdad de Género (ENIG 2016) estuvo de acuerdo con que las personas homosexuales deben tener los mismos derechos que todas las personas, no hubo igual consenso respecto al matrimonio.

Según esa investigación, realizada en 2016 por la Oficina Nacional de Estadísticas e In formación (Onei) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), solo 49, 1 por ciento de la muestra apoyó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En relación con este tema, la Constitución reconoce el derecho de todas las personas a formar una familia “sin importar su orientación sexual, identidad de género u otra característica”.

La ley de leyes también defiende la diversidad familiar (Artículo 81) y destierra la idea de que existe un único modelo válido de formar familias.

Calaña Pérez aclaró en el foro que el matrimonio, según la Carta Magna cubana, se funda, además, sobre la base del libre consentimiento, en la igualdad de derechos y obligaciones y en la capacidad legal de los cónyuges.

La especialista puso la mirada en uno de los puntos más polémicos, al precisar que el fin del matrimonio no es necesariamente la reproducción y “mucho menos se supedita su validez y efectos a la voluntad de tener hijos e hijas, eso queda a criterio y elección de los cónyuges”.

Un forista identificado como Alberto coincidió con la asesora jurídica del Cenesex.

“Cargarle al matrimonio la funcionalidad de procrear es totalmente absurdo. ¿Qué me dices de las personas que se unen en matrimonio y no desean tener hijos?, ¿qué me dices de las que lo desean y por cuestiones de salud no pueden?, ¿me dirás que esas uniones no son válidas porque no pueden procrear?”, se preguntó.

Otro asunto sobre el que se volvió, una y otra vez, durante el intercambio fue el impacto que podría tener sobre niños y niñas el hecho de convivir con parejas del mismo sexo.

A juicio de González Ferrer, no es posible incentivar la orientación sexual. “La gran mayoría de las personas homosexuales nacen y se crían en familias heterosexuales, bajo parámetros heteronormativos, con una educación sexista, muchas veces víctimas de desprecio, maltrato, rechazo y, aun así, siguen teniendo la orientación sexual con la que nacieron”, detalló.

Tanto el texto de presentación, como especialistas participantes, posicionaron como desafío la necesidad de atemperar al nuevo texto constitucional, entre otras normas legales, el Código Penal, las leyes de Salud y del Registro Civil y el Código de las Familias.

Este último, sin embargo, que se prevé sea presentado al legislativo en 2021, es el único cuya nueva versión será aprobada en referéndum popular, algo que también generó preocupación y no pocas contradicciones entre quienes se sumaron al foro del 14 de mayo.

Para una parte de quienes intervinieron en el debate, no se debería someter a votación pública una norma que establece derechos de un grupo de población que es minoría.

Acerca de la inquietud, González Ferrer aclaró que la aprobación popular del proyecto de Código de las Familias no significa un “plebiscito a los derechos”.

“Lo que se llevará a consulta popular y a referéndum es el contenido integral del Código, cada una de sus instituciones, en toda su amplitud y complejidad, no derechos específicos incluidos en ese texto, de la misma manera que fue aprobada nuestra Constitución”, precisó la jurista.

Sin embargo, la presencia en la sociedad cubana de estereotipos y mitos patriarcales profundamente arraigados podría poner zancadillas a la consulta popular de esta norma y a la aplicación de otras.

El reto, por tanto, es también cultural y necesita atención integral y urgente.

“Todavía nuestra sociedad es muy machista, por lo que es muy necesario desarrollar acciones desde los diversos ámbitos para educar en el respeto a la diversidad. En la medida que tengamos una sociedad más respetuosa de esta diversidad tendremos una proyección mucho más humanista.”, precisó González Ferrer.