América Latina y el Caribe: Educación sexual, ¿existe una fórmula?

La inestabilidad de las políticas públicas, la escasez de recursos y la difícil ejecución de los proyectos afectan el impacto de los programas de educación integral de la sexualidad que buscan el desarrollo sostenible y equitativo, reconocieron en La Habana especialistas de América Latina y el Caribe.

Durante la primera Reunión sobre programas y estrategias de educación integral de la sexualidad en América Latina y el Caribe, celebrada del 5 al 7 de noviembre, especialistas, personas que coordinan programas nacionales de educación sexual y representantes de organizaciones civiles y de cooperación coincidieron en la importancia de ubicar la educación sexual del marco de derechos humanos y encaminada a la construcción de ciudadanía.

Aunque cada país parte de un contexto específico, se impone un cambio de paradigma en muchos órdenes, trascendió en el encuentro al que asistió más de medio centenar de representantes de Perú, México, El Salvador, Argentina, Uruguay, Guatemala, Ecuador, España y Cuba.
En opinión de la experta uruguaya Stella Cerruti, se necesitan nuevos conocimientos para superar los mitos que reducen la sexualidad a su componente procreativo y niegan su carácter lúdico, creativo, placentero y político.

Partiendo de la salud entendida como bienestar general, Cerruti abogó por el compromiso de las autoridades en el desarrollo de proyectos de educación integral que incidan también en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente, la violencia, entre otras problemáticas actuales.
El desmontaje de las relaciones desiguales de poder y el reconocimiento de las luchas feministas y de los movimientos de mujeres forman parte de la solución, se reiteró en el encuentro.
María Isabel Domínguez, coordinadora de los programas de educación popular del Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr de Cuba, destaca que la clave está en la construcción de un sujeto emancipado.
«Si se quieren formar sujetos autónomos, con pensamiento crítico, hay que apelar a propuestas educativas que consideren a las personas sujetos de los procesos y no objeto de la acción de especialistas. Un programa nacional de educación sexual implicaría partir de las necesidades de esos sujetos, de sus propias palabras», declaró a SEMlac la socióloga cubana.
Entre otras preocupaciones, participantes en el encuentro se refirieron a la calidad de la educación, su vínculo con la preparación de docentes y demás trabajadores del sistema educativo y la sinergia que debe existir con los espacios informales.
En la región hay experiencias diversas. Algunas apuestan por la especialización en educación sexual, como es el caso de la Universidad Pedagógica Nacional de México, que cuenta con estudios en Educación Integral de la Sexualidad, una iniciativa en línea a la cual tienen acceso profesionales de pedagogía de México y Guatemala.
Otras prácticas llaman a la integración de estos conocimientos en todas las áreas. En Argentina, por ejemplo, la formación del profesorado se basa en una política educativa de construcción de subjetividades sensibles a estos temas. «Nada hacemos si, fuera de clases, el estudiantado recibe criterios distorsionados. El docente no tiene que ser un experto en sexología para compartir conocimientos sobre la sexualidad», acotó Mirta Bibiana Marina, coordinadora del Programa nacional de educación sexual integral de Argentina.
Para especialistas y organizaciones civiles, la familia y los medios de comunicación masiva consuman el complejo entramado, al cual se suma la abogacía como responsable de un marco jurídico de obligatorio cumplimiento.
Un estudio realizado por la Coalición mesoamericana para la educación integral de la sexualidad concluyó que Guatemala presenta los mayores avances en la educación integral de la sexualidad, a partir de la implementación de los acuerdos de la Primera reunión de Ministros de Salud y Educación para detener el VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS) en Latinoamérica y El Caribe, denominada «Prevenir con educación».
En declaraciones a SEMlac, el experto guatemalteco José Roberto Luna afirmó que, en su país, el vínculo entre fuerzas políticas y civiles como la Secretaría de la Mujer, las organizaciones juveniles y académicas, los colectivos que defienden los derechos sexuales y reproductivos y la presión ejercida por el Congreso de la República dio como resultado la publicación de una carta acuerdo entre los Ministerios de Salud y Educación, con compromisos nacionales compartidos.
La confluencia de fuerzas sociales y un diseño estratégico apoyado en acciones legales emergen como las principales búsquedas, tras la reunión. Cuba destaca por sus fortalezas desde la voluntad política y la institucionalización de las estrategias de educación sexual, además de la amplia experiencia de organizaciones civiles como la Federación de Mujeres Cubanas.
A la vanguardia del marco jurídico, el gobierno argentino ha logrado establecer un programa nacional en relación directa con el cumplimiento de varias leyes. En 2006, allí se sancionó la ley 26159 de Educación sexual integral.
Otros mecanismos nacionales, como la leyes de Educación nacional, de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el matrimonio igualitario y la Ley de identidad de género, garantizan la inclusión y cumplimiento de objetivos relacionados con la equidad de género, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de la diversidad sexual.
La reunión sobre programas y estrategias de educación integral de la sexualidad en América Latina y el Caribe promete ser un mecanismo de integración regional, según la mayoría de sus participantes, no solo por los intereses comunes y valores compartidos, sino porque también la región enfrenta similares retos.
Entre otras propuestas, se acordó sistematizar estos encuentros de expertos y expertas, además de la futura conformación de convenios y de un fondo común de investigaciones, materiales y otros productos que apoyen los procesos de los distintos países.
En la declaración final se hace un llamado a los gobiernos de la región para que cumplan con su papel de garantes de la educación sexual como derecho humano.
El documento insiste en fortalecer el impacto comunitario y local de las estrategias nacionales desde una percepción de derechos humanos y equidad, y teniendo en cuenta las particularidades sociales, culturales, religiosas y étnicas de las diversas poblaciones.

Como signatarios de varios mecanismos y declaraciones internacionales relacionados, los estados de la región comparten acuerdos en materia de educación sexual. Entre los mecanismos y tratados de Naciones Unidas que apoyan el desarrollo de la Educación Integral de la Sexualidad figuran:- Plataforma de acción de la Conferencia internacional de población y desarrollo Cairo 1994.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.- Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.- Convención sobre los derechos del niño.- Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los personas con discapacidad.

 

 

 

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