Violencias, ¿qué hacer de cara a las leyes?

[06-02-2018]
Especialistas opinan que fortalecer la cultura jurídica de la población puede ser útil para enfrentar la violencia. Foto SEMlac Cuba Especialistas opinan que fortalecer la cultura jurídica de la población puede ser útil para enfrentar la violencia. Foto SEMlac Cuba

Las brechas legislativas en materia de violencia de género y salud sexual y reproductiva en Cuba hacen que juristas y especialistas se inclinen por un ejercicio más proactivo para defender los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

"Una buena interpretación de la ley y usar todos los mecanismos que esta provee son garantías para no vulnerar esos derechos", insistió a SEMlac la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Arlyn Pérez Duharte.
Para la experta, "se trata de fortalecer los mecanismos jurídicos previos al Derecho penal, dígase en el ámbito de la familia, civil y laboral, de manera que el Derecho penal quede para los espacios más graves".
¿Qué hacer desde las actuales leyes cubanas frente a la violencia? ¿Cómo acompañar la salud sexual y reproductiva desde una mirada jurídica?
A estas y otras preguntas intentaron dar respuestas profesionales que participaron el pasado 28 de enero en la sesión científica "Una mirada jurídica a los temas de salud sexual y reproductiva", convocada por la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes).
Durante el encuentro quedó conformada una sección de la Socumes dedicada a la promoción de la cultura jurídica, que imbrique a juristas, profesionales de las ciencias médicas y otras disciplinas.

Radiografía familiar

Aunque es innegable la protección que disfrutan en la sociedad cubana las niñas y los niños, una de las normas que exigen urgente actualización es el Código de Familia, en vigor desde 1975, hace más de 40 años, apuntó Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
De acuerdo con la experta, el primero de los retos tiene que ver con el reconocimiento y aceptación de los distintos tipos de familias y la manera en que estas pueden organizarse. Por ese desafío inicial, dijo, pasan luego los derechos de todos sus integrantes.
González Ferrer destacó el valor de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, "pues el Código de Familia los incorpora desde la perspectiva de la responsabilidad de las madres y los padres, en tanto ejercicio de la patria potestad. Sin embargo, se necesita de una visualización directa de estos derechos en esos grupos", agregó.
"El derecho de niñas y niños a ser escuchados, a que se tengan en cuenta sus opiniones, son cuestiones que carecen de una expresión en nuestra norma jurídica familiar de hoy, pese a que en Cuba, por ser signataria, la Convención de los Derechos del Niño es parte de nuestra legislación", apuntó.
La jurista precisó que, desde 2007, el Tribunal Supremo estableció un procedimiento especializado para los asuntos de familia.
"Se hizo una interpretación de lo que establece nuestra ley procesal en materia civil, familiar, económica, administrativa y se amplió a tener en cuenta esta Convención. Si bien no podemos decir que está todo logrado, sí se ganó en elementos importantes. Además, tenemos el camino adelantado, con jueces y juezas que, aunque no son suficientes, se han ido especializando en materia familiar", dijo.
Uno de los elementos que hace falta modificar es la edad del matrimonio. "Existe una edad excepcional para el matrimonio 'por causas justificadas', a los 14 años para las niñas y 16 para los varones, que si bien en su momento pudo significar un paso de avance (antiguamente era 12 y 14 años, respectivamente), en la actualidad es algo que debe eliminarse", consideró.
"Estamos hablando de matrimonios en menores de edad y todo lo que luego esconden con respecto a situaciones familiares de violencia".
También es necesario revisar elementos como la reproducción asistida y los asuntos vinculados con la interrupción voluntaria del embarazo.
El aborto es un derecho ganado por las cubanas desde 1965 y constituye un servicio de salud, que se practica por personal especializado, en instituciones sanitarias.
"Sin embargo, es conocido el uso inadecuado que se hace del aborto como un método anticonceptivo y el impacto que ello tiene en la salud de las mujeres, fundamentalmente adolescentes y jóvenes", mencionó González Ferrer.
Las normas vigentes exigen la presencia de los tutores para decidir la interrupción del embarazo y, aunque lo que se establece es un acompañamiento, en la práctica ocurre que se toma la decisión a partir del criterio de la madre.
En realidad, a las muchachas se les exige que vayan acompañadas solamente por sus madres, no por sus padres. "Ahí tenemos un conflicto, vinculado con la igualdad y responsabilidad paterna, que requiere profundizar en prácticas que se realizan más allá de lo que la norma establece", puntualizó.
También precisan de revisión asuntos como las acciones filiatorias y la posibilidad de reconocimiento de hijas e hijos, así como la privación y suspensión de la patria potestad.
Igualmente, temas relativos a las familias homoparentales, las personas trans y cuestiones vinculadas, por ejemplo, al reconocimiento o ejercicio de la patria potestad.
"Podemos hablar de alguien que fue inicialmente padre y ahora es una mujer, y en Cuba no se reconoce que haya dos madres o dos padres, son situaciones que hay que contemplar", sostuvo.

Escuela y trabajo, ¿derechos?
Las escuelas son también un espacio donde se registra la vulneración de los derechos de niñas y niños, fundamentalmente por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Aunque la infancia ha merecido especial atención por el Estado cubano, no todo está hecho.
"A nuestras escuelas les falta pensar en las diversidades, pues se tiende a sobre reglamentar el ámbito escolar, muchas veces debido a la ambigüedad de los propios reglamentos", comentó Manuel Vázquez Seijido, subdirector del Centro Nacional de Educación sexual (Cenesex).
"Los espacios laborales, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, son susceptibles también a esta mirada", abundó la abogada del Cenesex Liset Imbert Milán, quien habló del acoso laboral como un fenómeno que sufren en su mayoría las mujeres y continúa invisibilizado.
Imbert precisó que en 2017 esa institución atendió 67 casos por violencia.
"Los instrumentos validados en investigaciones que hemos realizado y aplicado a más de 300 mujeres nos arrojaron que no se reconocen como violentadas en su vida laboral", explicó.
Sin embargo, ante preguntas como si las sobrecargan, les gritan, o si los criterios de medidas ante sus actuaciones son extremos, entonces la respuesta es positiva. "Ello habla de la naturalización de la violencia", dijo Imbert.
La especialista apuntó que el debate hoy está entre prevenir el hecho o rehabilitar a la víctima, que en estas situaciones no solo sufre la poca o nula solidaridad de los testigos, sino que para demostrar que están siendo objeto de acoso requieren de la actualización de los medios de prueba.
"Existen brechas en el propio Código de Trabajo, que si bien prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género, no menciona la palabra violencia o acoso ni una sola vez", agregó.
Respecto a la violencia sexual y su tratamiento jurídico también emergen vacíos.
"Si hay un primer proceso de victimización es porque la norma jurídica que debe coaptar de manera reflexiva el comportamiento humano está fallando", explicó el profesor de la Facultad de Derecho de la UH, Lázaro Ramos.
"La violencia sexual, de acuerdo con la OMS, deriva en una afectación de la sexualidad, y ello nos está alertando de una cuestión que entra en conflicto con el ordenamiento jurídico nuestro y del mundo, pues se protege la sexualidad a partir de suponer una serie de delitos que la afectan, pero no se nombra como bien jurídico. Por qué no convertir los delitos sexuales en delitos contra la sexualidad y que sea ese el bien jurídico que defendamos", reflexionó Ramos.
Sobre ese tema, reiteró la profesora Arlyn Pérez Duharte que "al Derecho penal se le deja muchas veces el peso de todo lo que no se articula correctamente en el camino y se pierde de vista que es un derecho tardío, que llega cuando solo recogemos los despojos de lo que va quedando en una relación ya destruida", apuntó.
"El proceso penal tiene para mí un solo calificativo, es un drama social. Y nuestra gran exigencia es minimizar ese drama", concluyó Pérez Duharte.

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