La Ley Antidiscriminación, un reclamo desde la diversidad sexual

La semana dejó dos hechos en los que la discriminación por orientación sexual fue noticia: la presidenta recibió a Pedro Robledo, el joven atacado en San Isidro por ser gay, y una cadena de supermercados fue condenada a pagar medio millón de pesos a un cajero víctima de malos tratos por ser homosexual.

Hoy todos hablamos de diversidad de género, y si bien es un tema que ocupa tanto las agendas públicas como las conversaciones cotidianas, la discriminación continúa siendo un hecho que vulnera a la comunidad homosexual. Y es por eso que tanto Robledo en su reunión con Cristina Kirchner, como en la condena al supermercado, se hace visible un reclamo histórico del sector: la modificación de la Ley Antidiscriminación.

«Es una ley de penalización del año 88´, que recae con su peso sobre quienes cometen actos discriminatorios contra determinados sectores de la sociedad. El tema es que entre esos sectores no están incluidos ni los pueblos originarios, ni los discapacitados, ni la comunidad de la diversidad sexual», explicó Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

El contenido de la norma que desde hace años está en vigencia, aunque de manera desactualizada, ordena el cese de todo acto discriminatorio «pero no condena a quien lo comete. Por eso es necesario modificar la ley, establecer condenas e incorporar al resto de los grupos vulnerables para protegerlos de todo acto discriminatorio», analizó Paulón.

El proyecto de modificación recibió media sanción en Diputados, allá por el 2010, pero no se trató en el Senado y quedó frustrada su aprobación. Por estos días, cuenta con estado parlamentario en la Cámara de Diputados «y necesitamos que llegue al recinto para ser debatido», reclamó Paulón.

La necesidad para que la ley antidiscriminación se actualice es de carácter urgente porque «la violencia y la discriminación suceden cotidianamente, con una incidencia negativa concreta en la vida de las personas. Y lo peor es que no tenemos elementos para condenar los actos discriminatorios», muchos de los cuales ponen en riesgo la vida de los atacados. «Es necesario que haya casos ejemplificadores», finalizó Paulón.

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