Tribunales de familia, juzgar y educar

 

Las familias cubanas enfrentan actualmente problemas legales que no siempre encuentran soluciones satisfactorias en el ámbito jurídico, porque la actual legislación necesita adecuarse a las condiciones y características de los tiempos que corren.

Esa es la experiencia de Yoisel Carmenate, un ingeniero mecánico de 26 años, que reside en el municipio capitalino del Cerro.

A poco más de 12 meses de su divorcio, Carmenate valoró, por tercera vez, la posibilidad de entablar una demanda judicial contra la madre de Yanira, su hija de tres años, para reclamar su derecho a ejercer como papá.

“Recién volví a encontrar pareja e inmediatamente empezaron a aparecer pretextos para no dejarme llevar a la niña los fines de semana. Yanira, además, ha tenido muchos problemas de salud en los últimos meses, pero la mamá no me permite ir a las consultas con los médicos, ni saber de primera mano lo que está pasando”, relató este papá a SEMlac.

La situación se veía venir desde los días en que, finalmente, se hizo firme el divorcio, tras casi seis meses de trámites en los que la mamá de la pequeña, primero se negaba a firmar, y luego empezó a poner barreras en la comunicación entre el padre y la hija.

Una novedosa experiencia se aplica actualmente en la Isla y apunta a que historias como la de Carmenate transcurran, y se resuelvan, de manera diferente: los Tribunales de Familia.

La decisión de crearlos comenzó a gestarse en el II y III Seminario Taller Nacional sobre Procedimiento Especial de Familia, auspiciado por la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en los años 2003, 2004 y 2006.

De ellos salió, en diciembre de 2007, la propuesta de iniciar esa experiencia en dos municipios del país, que se hizo viable a partir de la Instrucción 187, emitida por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP).

Pero en realidad, la idea tiene más tiempo. La medida número 63 del Plan de Acción cubano, en seguimiento a la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing, celebrada en 1999, ya aludía directamente a estudiar la conveniencia y posibilidad de implementar tribunales especializados de familia en el país.

Guanabacoa, en Ciudad de La Habana; y Placetas, en Villa Clara, fueron los municipios elegidos para inaugurar la experiencia a inicios de 2008, pues en ellos existía una tradición de trabajo en materia civil y de familia, que ya estaba poniendo en práctica algunos de los aspectos contemplados en la Instrucción.

Yamila González Ferrer, secretaria de la sociedad Cubana de Derecho de Familia, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, aseguró a SEMlac que la experiencia “implica un perfeccionamiento de nuestro sistema de justicia”.

Humanizar el enfoque y el tratamiento de asuntos como la guardia y cuidado de menores, los divorcios, la pensión alimenticia y la impugnación de paternidad están entre los principales objetivos de la nueva práctica judicial.

Lo que comenzó como una experiencia piloto en dos territorios se ha ido implementando de manera gradual, desde febrero de 2009, a otros 15 municipios de la Isla.

Así, se incorporaron Pinar del Río, Artemisa, Cárdenas, Santa Clara, Cabaiguán, Cienfuegos, Morón, Camagüey, Puerto Padre, Gibara, Banes, Palma Soriano, Manzanillo, Baracoa y el municipio especial de la Isla de la Juventud, con posibilidades de seguir generalizándola gradualmente.

Solo en 2008, los tribunales civiles municipales tramitaron alrededor de 42 mil 600 casos y de ellos, el 80,5 por ciento guardaban relación con el Derecho de Familia.

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