Los avances legislativos, aunque representan una fortaleza, no significan por sí solos una garantía de los derechos sexuales de las personas LGBTIQ+, sino que deben de ir acompañados de transformaciones en el orden socio- cultural.

Así consideraron activistas de América Latina y el Caribe con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de esta comunidad, al participar el sábado 8 de mayo en el espacio virtual para el diálogo “Enredes”, como parte del programa de la 14 edición de las Jornadas cubanas contra la Homofobia y la Transfobia.

Desde diferentes contextos, posiciones y experiencias de vida, las y los panelistas se refirieron a los principales retos que enfrentan en sus países y a la necesidad de buscar alianzas en la lucha por los derechos de las personas que viven su sexualidad desmarcada de los patrones heteronormativos.

“Estamos avanzando a pasos gigantes para muchos continentes que nos miran. Pero, para nosotros, sigue siendo muy poco, pues la deuda es muy grande; tenemos un promedio de vida en la comunidad LGTBQ+ tan bajo y de tan mala calidad, que creemos que hay que seguir trabajando”, señaló la activista argentina Patricia Xiomara Emanuele, presidenta de la Organización Inclusiva Diversa.

Con una población de 45 millones de habitantes, en Argentina el avance en estos temas no es sencillo, dijo.

“Es cierto que en los últimos años ha habido importantes logros, sobre todo en 2008-2009 con el inicio del matrimonio igualitario, luego con la ley de identidad de género y, anterior a ello, con la ley de Educación Sexual Integral para las personas. Lo último fue la aprobación del aborto legal y gratuito para todas las gestantes. Actualmente se creó la Secretaría de género y la mujer, con rango de ministerio, dirigida por una mujer trans. Pero en lo concreto, en lo real, aunque el activismo se está haciendo y estamos en la calle, lo que vemos cotidianamente en el terreno es que llegamos siempre tarde para nuestros compañeros”, expresó Enmanuele.

“Aunque hemos avanzado en derechos internacionales, nos queda un largo camino aún por recorrer”, dijo.

El jurista Manuel Vázquez Seijido, subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (Cenesex), sostuvo que “varios países en la región observamos los avances legislativos en Argentina como un referente para incluir los temas relacionados con el reconocimiento de la diversidad”.

“Sin embargo, sabemos, a través de las discusiones que se dan a lo interno de nuestras organizaciones, que muchas veces estas legislaciones no son suficiente en la práctica. Y no implica per se la garantía de los derechos de las personas por su orientación sexual y su identidad de género”, señaló Vázquez Seijido.

El cambio tiene que ser cultural

Para Xiomara Emanuele, los paradigmas son muy difíciles de cambiar y se logra vivenciándolos, a través del dolor y las pérdidas de muchas personas. “Por eso, desde nuestra organización, continuamos hablando de genocidios trans, pues las personas trans siguen muriendo entre los 35 y los 40 años, sin importar dónde se encuentren y su condición social”.

“No podemos decir que una ley haya logrado un gran avance, aunque sí nos ha garantizado el derecho a no ser penalizados por el Estado y un reconocimiento de los derechos avasallados históricamente”, reconoció.

“Pero ello por sí solo no logra un cambio de paradigma social, porque no siempre van de la mano de los paradigmas jurídicos. Podemos tener todas las garantías legales, pero si le corresponde administrarlas a una persona sin la preparación y la concientización en el tema, no hará uso de ellas como debiera, en beneficio de los colectivos para los que fueron creados”, señaló la activista.

La activista venezolana Ingrid Barón, presidenta de la organización Base Lésbica y candidata en 2020 a la Asamblea Nacional por la Diversidad sexual de Venezuela, apuntó que la razón y esencia de esta lucha es la transformación profunda de la cultura de nuestra sociedad.

“Hemos tenido que apostar por la unidad y hacer una sola nuestras agendas, pero eso nos ha costado aplazar temas como los referentes a diversidad sexual, donde no hemos podido concretar avances legislativos en materia de diversidad de género”, dijo.

“Culturalmente se nos ha hecho difícil avanzar en temas como el matrimonio igualitario, o la unión civil. Estamos ahora enfrascados en la creación de plataformas desde los diferentes grupos de activismo LGTBQ+. Hemos enfrentado una cultura discriminatoria desde la izquierda y también desde la derecha. Por ello afirmamos que la discriminación por orientación sexual es una construcción cultural que debemos desmontar”, precisó Barón.

Consideró que Venezuela ha avanzado en el área institucional, pero se necesita hacerlo en la legislativa. “¿Cómo hacerlo, cómo plantearlo, cómo romper con el cerco cultural?, ese es el gran desafío en Venezuela, y la construcción de la unidad desde lo nacional hacia lo internacional”, dijo.

Al intervenir en el panel, Jorge Virviescas, activista del colectivo León Zuleta de

Colombia, una organización que aúna diferentes movimientos sociales y de izquierda, explicó que la homosexualidad estuvo penalizada en Colombia en su expresión pública y privada hasta la década de los ochenta.

“En la Constitución de 1991 se refrendó de manera muy general que las personas tenían derecho a no ser discriminadas por cuestiones de raza, filiación política, religiosa u orientación sexual. Desde ese momento se hizo un trabajo muy fuerte en el tema de derechos humanos y paz. Teniendo en cuenta el largo conflicto social, político y armado que afecta al país, el tema de los derechos humanos y el derecho a la vida ha sido fundamental”, dijo.

Desde los años 70, a la gente la han asesinado en las regiones por ser gay, por ser lesbiana y por ser trans. Hoy sigue siendo vigente esta realidad, refirió Virviescas.

“Paralelo a ello se ha dado una lucha por los derechos constitucionales: en 2013 se aprobó el matrimonio igualitario; en 2016, la adopción, y posteriormente el reconocimiento de la identidad de género. Lo que sucede es que ello no ha tenido una expresión directa en la sociedad, ni quiere decir que en muchas regiones las personas no sigan perdiendo la vida por estas razones”, agregó el activista.

A su juicio, los derechos constitucionales están ganados, pero aún queda el gran reto de cambiar la cultura política colombiana y la cultura política de la violencia, para que esos derechos dejen de ser letra muerta”, apuntó.

Para Vázquez Seijido, contextos como el de Colombia colocan sobre la mesa el debate de si realmente son el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género, los únicos temas que reflejan las necesidades y las aspiraciones de la comunidad LGTBQ+, “que pudiera parecer un grupo amorfo de personas, pero nada más distante de la realidad. Cada una de la personas que conforman este grupo, en su región y sus contextos, puede tener prioridades diferentes, que pudieran ser tan elementales, como en la Colombia pobre y rural, la del derecho a la vida”.

“En Cuba nos hemos cuestionado también si estos son los grandes temas que necesitamos o si obedecerán a otros referentes que se mueven en diferentes espacios y vienen de otros contextos”, refirió el jurista.

La activista Marlin Estela González, abogada de la organización Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá y representante legal y acompañante de 75 personas ante la corte suprema de justicia, en favor de procesos de matrimonio igualitario en demandas de inconstitucionalidad, señaló que en su país no existe una sola ley que reconozca la orientación sexual e identidad de género.

“Independientemente de no tener ninguna ley, seguimos trabajando en la calle, recibiendo denuncias y dándoles seguimiento, incidiendo en los procesos. En Panamá todo acto homosexual era considerado delito hasta 2008, basado en un decreto ejecutivo de la década del 40. Nuestra organización llevaba 12 años trabajando para que se derogara esta ley y poder así tener personalidad jurídica.

“Ha sido muy difícil y bastante lento el proceso. Desde fuera, Panamá se ve como un país avanzado, dentro de los estándares del mundo capitalista; pero aún estamos en el momento de lograr reconocer los derechos de la comunidad LGTBIQ+”, dijo González.

Según la activista, en 2017 se instaura la primera demanda por inconstitucionalidad por el tema de matrimonio igualitario. “A partir de ahí, como organizaciones de la sociedad civil, nos movilizamos y logramos presentar más de 77 demandas por el matrimonio igualitario, apoyados por importantes personalidades de la academia y otros ámbitos. Estas demandas todavía están en curso, pues la corte panameña aún no se pronuncia. Hay un lenguaje de odio muy fuerte en nuestra contra para que estos derechos no sean reconocidos en la constitución nacional”, explicó.

“Los niveles de discriminación a los que estamos siendo son inaceptables”, dijo.

Al respecto Vázquez Seijido apuntó que en el contexto panameño, donde no cuentan con normas jurídicas, se aprecia la importancia que se le ha dado a estos litigios estratégicos como una ruta para poder reivindicar derechos.

“Los procesos emancipatorios, vinculados a la erosión del patriarcado en sí mismo, son procesos lentísimos. Si le echamos un vistazo a los logros de los movimientos feministas y todo el trayecto recorrido, vemos que es un camino largo y engorroso. Pero que es necesario recorrer y seguir recorriendo”, comentó.

Nuestras luchas siguen siendo unánimes y uniformes, por el derecho a existir y a vivir como queramos en libertad, y eso no lo garantiza una ley, sino el derecho que nosotres podamos llevar adelante”, apuntó la activista argentina Patricia Xiomara Emanuele.

Es esencial el cambio de paradigma, que se da con la creación de redes, socialización, de saber que no estamos solos y que tenemos avales internacionales que nos respaldan, agregó.

Consideró que en Argentina el paso más grande que se ha dado en el camino hacia el cambio de paradigma ha sido poner la voz donde va: que una mujer lesbiana hable por sí misma, un varón gay hable por sí mismo, una persona trans hable por sí misma. “Somos quienes debemos llevar las voces de nuestros derechos adelante”.

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