En la actualidad se evidencia, cada vez más, la emergencia de una ciudadanía sexual ante un contexto heteronormativo, raigalmente homo-transfóbico. La negativa de que artistas trans trabajasen en el Hotel Pernik[1], en la provincia de Holguín, causó una viral indignación entre internautas, debido a la evidente vulneración de derechos de los grupos LGBTIQ. Asimismo, su formulación violaba los principios fundamentales que defiende la nueva Constitución, específicamente en el artículo 42, que proscribe todo tipo de discriminación, incluidas aquellas relacionadas con el género y la identidad de género.
Una vez más, la ubicuidad de las redes sociales contribuyó a difundir un Manual de normas organizativas y de funcionamiento de la sala de fiesta ‘La Terraza’, que regula –es decir, limita– la actuación de personas trans en los predios de ese centro hotelero.
Las razones tan irrisorias como alarmantes fueron las siguientes:
Las compañeras y compañeros transexuales no se admiten en la sala de fiesta en su carácter de transformen (sic) (no coinciden en su apariencia con los documentos legales por lo que ocultan su verdadera identidad, no hay condiciones para atenderlos adecuadamente en cuanto a los servicios de baño sanitarios.
Este texto es deleznable no solo por su aberrante estulticia y profunda ignorancia del redactor, también lo es por querer imponer un control sobre los cuerpos de personas trans y comprenderlos desde rígidos modelos heterosexuales).
Las identidades trans no son un juego de sombras, como en el teatro kabuki, ni “ocultan” una identidad seminal que condena a los sujetos a una única identidad. La postfeminista Judith Butler refiere, en más de una ocasión, el carácter fluido del género, que no siempre se corresponde con la genitalidad a la que se le asigna valores discursivos.
Para el activismo LGBTIQ en el país, la comprensión de la discontinuidad entre sexo, género e identidad de género por parte del Estado y las instituciones constituye el principal campo de batalla. Pues, pese a que en Cuba se respetan ciertas garantías como salud, educación y trabajo, entre otras, las personas LGBTIQ son las que menos acceso poseen al disfrute de una ciudadanía plena y sus relaciones sociales son más endebles. Modificar las leyes, robustecer instituciones en un marco de igualdad, no discriminación y respeto visibilizarían las emergencias de sujetos diferentes en la sociedad.
Volviendo al texto citado: ¿cuán importante pueden ser los usos de los servicios sanitarios, si lo que realmente se está limitando es el acceso al trabajo ¿digno? a un sector cuyo sustento es mediante del transformismo?
Sin embargo, y a pesar de la poca praxis del ejercicio de la demanda a nuestras instituciones como derecho constitucional, se le reclamó a la dirección las causas de tales medidas discriminatorias y ofensivas, las que conllevaron una “rectificación” por parte de la cadena hotelera Islazul y la intervención del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX).
Esta reacción no es fortuita, se debe a más de una década de sensibilización mediante las Jornadas cubanas Contra la Homofobia y la Transfobia, los diversos talleres sobre salud sexual y reproductiva y derechos humanos, impartidos por el CENESEX; al igual que la construcción de redes de promotores y activistas alrededor del país, con la finalidad de acompañar y empoderar a grupos históricamente marginados.
Para la jurista costarricense Diana Maffía, la ciudadanía sexual resulta “el proceso que enuncia y garantiza el acceso efectivo de ciudadanos y ciudadanas, tanto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, como a una subjetividad política no menguada por desigualdades basadas en el sexo, el género, la sexualidad y la reproducción.”[2] Por ende, la participación se debe traducir no solo en la voluntad personal, sino en la creación de instituciones que canalicen los deseos de los ciudadanos de manera orgánica. La idea decimonónica de que la ciudadanía se opone al Estado queda superada al ampliar las libertades en el espacio público de sectores históricamente vejados de elementales derechos, al unísono que contribuye a elaborar discursos más justos e integradores.
No existe un modelo ideal que provea un trazado para su ejercicio, pero se puede establecer ciertos mecanismos que permitan democratizar la participación. En El espacio y el límite, Juan Valdés Paz[3] aporta algunas herramientas sobre cómo debiera ejecutarse la participación en la transición al socialismo que retomo como vehículo en la asunción de una ciudadanía sexual insular.
Tener voz: se expresan opiniones sobre temas de interés de los actores.
Poder realizar consultas: se expresan opiniones y criterios sobre propuestas o asuntos emanados de algún nivel de dirección.
Demanda y agregación de demandas: se expresan demandas de servicios, bienes, medidas organizativas o de gobierno, etc. Incluye participar en la agregación de las demandas particulares o de su entorno.
Realizar propuestas: se elaboran propuestas de medidas, prioridades, candidatura, etc.
Decisión o toma de decisiones: se decide la aplicación de políticas, planes o programas, ejecución de medidas, prioridades, etc.
Realización o ejecución: se participa en la realización o ejecución de las decisiones.
Control democrático: se controla el proceso sociopolítico en general y las políticas en curso en particular, así como el propio proceso de participación.
Evaluación: se participa en la estimación de los resultados de la aplicación o ejecución de las decisiones estratégicas y tácticas, generales y particulares, así como sobre el propio desarrollo democrático en curso.
Aunque hablar de ciudadanía sexual –como lo expone el médico y activista Alberto Roque– sigue siendo un desafío en Cuba, se van alcanzando espacios cada vez mayores de responsabilidad y autonomía en el que la denuncia de vejaciones es más común, sobre todo en redes sociales, al tiempo que se exigen reparaciones ante vulneraciones.
Para Roque, “la participación política de las personas trans, a la que sumo otras identidades no heteronormativas, es crucial para la decostrucción del contrato sexual heteronormativo, sin mediaciones normalizadoras ni coacción alguna, tal y como se incluyen en los derechos sexuales.”[4]
Por ello, se hace primordial constituir nuevos escenarios institucionales, más transparentes, que implosionen los discursos heteronormativos y visibilicen la participación sexo-política, ya que la sexualidad es política en sí misma. La sexualidad, desde el siglo XIX, se ubicó en el ámbito de lo privado, con intensos significados peyorativos y patológicos, que fracturaron las relaciones entre el Estado y los sujetos en cuanto al acceso al poder y la distribución de las riquezas.
La politología clásica basada en los modelos de democracia occidentales solo comprende al sujeto en el orden de lo político en estado puro. Sin embargo, como afirma Judith Butler en El género en disputa, “es imposible separar el género de las intersecciones políticas [raza, de clase, sexuales, identidades regionales] y culturales en las que constantemente se produce y se mantiene.”[5] Si bien la primera mitad del siglo XX experimentó un auge de las luchas de las mujeres, desde los sesenta del mismo siglo, la búsqueda de un espacio de igualdad ha signado los diversos movimientos y agendas LGBTIQ alrededor del mundo.
La participación sexo-política en Cuba se hace más visible en redes sociales, fundamentalmente en Facebook, y la presencia de actores capaces de movilizar a la ciudadanía en torno a temas cruciales para la convivencia nacional. El debate público sobre el matrimonio igualitario, en el pasado Referendo Constitucional, denotó la existencia de una masa crítica que complementó las intervenciones en el Parlamento de los diputados Mariela Castro Espín y Luis Ángel Robles.
Alrededor de la aprobación del matrimonio del mismo género se crearon diversas páginas en redes sociales que cohesionaron las opiniones en el debate público. De todas ellas, la más constante ha sido Construyendo una agenda de la diversidad sexual en Cuba, creada por el activista matancero Yadiel Cepero, quien se ha preocupado por mantener una plataforma para la reflexión y denuncia, alejada de las volatilidades y frivolidades que estos medios generan en ocasiones.
Otra vuelta de tuerca. Activismo y ciudadanía sexual
Activistas, juristas y otros profesionales han creado en Santiago de Cuba una consultoría jurídica para el acompañamiento a víctimas de violencia de género y por discriminación ante casos de homo-transfobia. Descentralizar los servicios jurídicos radicados en el CENESEX y en el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), en La Habana, era un viejo anhelo de activistas de otras provincias que observan esta oportunidad para una mayor promoción de los derechos de la ciudadanía y utilización con eficacia de los mecanismos legales que garanticen la reparación a las víctimas.
Si bien esta iniciativa contó con el apoyo de instituciones como la Unión de Juristas de Cuba (UNJC), que presta su sede para realizar la consultoría, no puede obviarse la presencia del CENESEX y OAR, cuyos especialistas han desempeñado una labor de sensibilización por más de veinte años a activistas y promotores de todo el país. Además, se sumaron actores internacionales como PNUD y la embajada de El Reino de los Países Bajos.
Esta solución de conjunto rescata añejas demandas de articular en las localidades, fuera de la capital, servicios amigables que contribuyan a la difusión de los derechos humanos, la protección a las víctimas y la creación de redes de apoyo, con el objetivo de propiciar una inclusión social plena.
Desde luego, esta consultoría les acerca a las personas víctimas una vía para acceder a la justicia y transformar su realidad. Permitirá extender estadísticas y comprender la complejidad de la violencia y la discriminación por género e identidad de género, en contextos donde la suposición y la perspicacia guiaban el trabajo de especialistas.
Un lugar destacado tienen, además, los diversos grupos de las redes sociales comunitarias que asistieron a esta empresa para constituir un proyecto que emergía en cada encuentro nacional. No se hicieron esperar las reacciones a las publicaciones en Facebook de la activista y coordinadora de Las Isabelas, red de mujeres lesbianas y bisexuales, Isel Calzadilla y del coordinador de Humanidad por la Diversidad, Manuel Lescay, en esa región, quienes participaron en la inauguración.
Este nuevo mecanismo jurídico moviliza un replanteamiento de la ciudadanía, al particularizar en el género y la sexualidad como elementos vulnerables y, por tanto, significativos para la restauración de la dignidad individual y grupal.
En su ensayo, Roque nos alerta de algunos peligros:
No es suficiente emitir leyes o decretos leyes que garanticen derechos, si no se promueve un cambio cultural generado desde la transformación social. No se trata de suplantar el poder heteronormativo por otro homonormativo, ni de la dominación de un género sobre otro, sino de la promoción de nuevos paradigmas basados en la reflexión y el diálogo que desarticulen los modelos sociales y políticos verticalistas y los mecanismos de opresión, reproducidos también por los grupos humanos menos favorecidos.[6]
Resulta evidente que la convergencia de diferentes fuerzas sociales determinará el fortalecimiento y garantía del ejercicio de la ciudadanía sexual, que tiene como misión erradicar los vestigios de una cultura patriarcal, sexista y homofóbica, a la vez que da solución inmediata a problemas que surgen de situaciones de la vida cotidiana. Del mismo modo, se propone orientar a los grupos LGBTIQ, mujeres, entre otros, en el conocimiento y aplicación de los derechos y la normativa jurídica existente. Se debe, además, a la formación de promotores y activistas en temas relacionados y a su responsabilidad social ante hechos que vulneran a las personas.
Nos encontramos en la construcción de un nuevo mapa de sociedad civil cubana que impulsa el reconocimiento de ciudadanías sexuales no heteronormativas en un Estado de derecho democrático, ratificado en la nueva Constitución y en los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba. Por otra parte, habrá de abordarse las intersecciones raciales, de género, de clases, seroestatus, culturales, entre otras producto también de una sociedad con un pasado colonial, pobre y bloqueada económicamente por los Estados Unidos de América, si realmente nos interesa propiciar mayor equidad y justicia en nuestra sociedad.
Retomo nuevamente, para finalizar, al activista Roque cuando afirma que “para alcanzar una verdadera emancipación se requiere fortalecer el liderazgo, la autoorganización y la autonomía de las ciudadanías sexuales excluidas de los procesos de participación, que junto a las mediaciones institucionales existentes en Cuba, harían a la sociedad civil cubana más fuerte.”
[1] El suceso a que me refiero tuvo lugar en la provincia de Holguín en los días 16 y 17 de septiembre de este año. La directiva del Hotel Pernik emitió una circular que, entre otras medidas administrativas, prohibía la posibilidad de trabajar las personas trans en el centro turístico.
[2] Alberto Roque. Ciudadanía Sexual y Participación en los Procesos Emancipatorios Cubanos. 2014. https://www.ipscuba.net/sociedad/ciudadania-sexual-participacion-y-emancipacion-antecedentes-y-futuro-en-cuba/
[3] El espacio y el límite. Estudios sobre el sistema político cubano. La Habana: Ruth Casa Editorial, Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello. 2009.
[4] Alberto Roque (2014): Ibidem.
[5] Judith Butler. El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós, Barcelona, 2016..
[6] Ídem.
