Intersexualidad, controversias desde el derecho de familia

[16-05-2017]

Especialistas afirman que la ausencia de un estándar jurídico uniforme crea incertidumbre y afecta a las personas intersexuales y trans, quienes sufren marginación por la cultura patriarcal y binaria.

"El derecho les niega la libertad de asumir su identidad de género intersexual, obligando a la persona a seleccionar uno de los dos estereotipos sexuales para obtener reconocimiento legal", afirma la abogada Patricia Otón Olivieri.
Otón Olivieri participó en el panel Tangencias de la orientación sexual, la identidad de género y la intersexualidad en el derecho de familia, junto a la jurista Esther Vicente.
Las profesoras titulares de la Facultad de Derecho e integrantes del grupo INTERMUJERES de la Universidad Interamericana de Puerto Rico compartieron avances y pendientes en la agenda LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales).
El panel formó parte de las sesiones de la IX Conferencias internacional de Derecho de Familia, IV Escuela Ibero-latinoamericana de Derecho de Familia y otras disciplinas afines y el III Congreso Centroamericano y del Caribe de Derecho de Familia, celebrados en La Habana del 10 al 12 de mayo.
La presentación también se incluyó en el programa de la X Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, que se efectúa en la isla en el mes de mayo.
Durante su exposición, Otón Olivieri presentó controversias entre la intersexualidad y el derecho de familia y propuso alternativas para comprender estas realidades desde una perspectiva de derechos humanos.
Según la experta, la intersexualidad plantea múltiples retos al sistema jurídico, social y político, pues cuestiona los fundamentos de la definición de sexo, reta la cultura binaria y el poder médico que dictamina cuándo "una persona no es normal, está enferma, padece de una condición que debe ser atendida/corregida conforme a la norma femenina o masculina".
La práctica y la experiencia cotidiana demuestran la pervivencia del enfoque médico sobre la intersexualidad. En este enfoque prevalece la asignación de sexo lo más rápido posible y enfatiza en la apariencia externa de los genitales para conformar el cuerpo de él o la infante, según el binomio masculino-femenino.
"Se ofrece un mínimo de información a los padres y al menor para evitar traumas psicológicos", apuntó.
Mientras, otros dos modelos se abren paso. Uno intermedio o alternativo apuesta por el poder de la patria potestad y pone énfasis en la necesidad de divulgar la información completa a los padres para que estos decidan si el tratamiento quirúrgico u hormonal es lo mejor para su infante.
El modelo de moratoria completa desde las ciencias jurídicas "apuesta por la autonomía de la voluntad y el reconocimiento de la capacidad evolutiva del menor. Este enfoque evita los tratamientos quirúrgicos y hormonales que no sean necesarios por cuestiones de salud, hasta que la persona pueda consentir".
Otón Olivieri se manifestó contraria de las cirugías, pues violan el derecho a la autonomía del cuerpo y son altamente cuestionadas por afectar negativamente el disfrute y placer sexuales, por resultar una esterilización involuntaria, ser dolorosas, crear tejido cicatrizado, provocar incontinencia urinaria, resultar en complicaciones médicas de largo plazo y terminar en una asignación de sexo que luego puede no corresponder con la identidad de género que eventualmente asumen las personas.
Según datos estadísticos de la Organización Intersex Internacional en un informe publicado en abril de 2015, el 1,7 por ciento de la población es intersexual, 0,5 por ciento de la población presenta genitalidad ambigua y aproximadamente dos por ciento de los nacimientos vivos son de infantes intersexuales. Las cirugías "correctivas" genitales se realizan en uno o dos por cada 1.000 nacimientos vivos.
Para la académica, el derecho puede contribuir a disminuir la presión social de definir a infantes intersexuales como niñas o niños, mujeres u hombres.
"Otra opción es eliminar mediante legislación la clasificación por sexo y permitir que la persona sea quien determine su identidad de género cuando decida hacerlo. Utilizar la clasificación, si se quiere, de ser humano o persona, sin especificación del sexo en los documentos oficiales del Estado", propuso Otón Olivieri.

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