Homofobia, intolerancia y violencia hacia personas LGBTIQ en Cuba

MSc. Alain Darcout Rodríguez* [10-12-2014]

La violencia es una construcción social aprendida y transmitida desde generaciones anteriores, mediante los diferentes tipos de conductas y actitudes que tienen lugar en los procesos de socialización, en el marco de las interacciones humanas, aunque hoy no pasa inadvertido el modo en que se entroniza en la cultura. La permisividad naturaliza y legitima pautas de comportamiento y sistemas de valores que se hacen funcionales y con los cuales actuamos de manera violenta. Entre estos no deja de señalarse la influencia de los sistemas patriarcales y los estereotipos androcéntricos. Cuba no está exenta de esta realidad.

Muchos son los sujetos violentados en nuestras sociedades, marcadas por una cultura machista. Como forma de perpetuarse, el sistema heteropatriarcal ha consolidado el sexismo en la educación desde instituciones socializadoras como la familia, la escuela, los medios de comunicación y otros. En el blanco de esa socialización sexista aparecen todas las expresiones de las sexualidades divergentes de la heteronormatividad: las personas homosexuales y las identidades trans (personas travestis, transexuales y transgéneros) constituyen uno de los grupos más violentados, estigmatizados y discriminados.

La homofobia es el temor a que cualquier identidad sexual y de género divergente de la norma heterosexista sea reconocida como categoría de valor. Se manifiesta, entre otras cosas, por la angustia de ver desaparecer la frontera y la jerarquía del orden heterosexual. Se expresa con la injuria y el insulto cotidiano (violencia sistemática), mediante las bromas vulgares que ridiculizan al “afeminado” o las dudas sobre sus capacidades mentales, pero también puede revestir formas más brutales, que lleguen a la voluntad de exterminación del otro.

La homofobia, práctica ominosa de violación de los más elementales derechos de las personas, es conocida como delito motivado por intolerancia, pues está dirigida a víctimas que son seleccionadas por una característica específica, para infligirles un daño físico y emocional incalculable, y de esta forma enviar a todos los miembros del grupo al que pertenece un potente mensaje de amenaza de intolerancia. Pero también estas situaciones atentan contra la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, dado el clima de violencia e impunidad que generan. El término crímenes de odio está reservado, quizás, para los delitos más graves, especialmente homicidios.

La repetición de los prejuicios creados por la sociedad mediante el sexismo es una forma de legitimar los actos violentos realizados por algunos grupos específicos contra otros. Tales prejuicios, y en general la violencia que generan, tienen como causa la necesidad de marcar diferencias entre colectividades hegemónicas y no-hegemónicas por el miedo de los primeros de perder el poder. Por ello los delitos de odio son vistos por muchos como una forma de realizar las acciones que el Estado no tuvo la capacidad de asumir.

Pero, aunque la existencia de los “delitos de odio” es tan antigua como la humanidad, su reconocimiento en el orden jurídico no comienza sino hasta hace pocas décadas. Hubo que esperar al avance internacional de los derechos humanos y al avance en el ordenamiento jurídico internacional para que se señalara el odio contra el diferente como causa singular que origina o motiva un delito.

En nuestro país, el debate sobre el particular ocupó recientemente algunas páginas (digitales, por supuesto), durante algún tiempo (pocas semanas). Desde alertas, alarmas, hasta el análisis casuístico o la negación completa, e incluyendo a los mismos de siempre, allende los mares, frotándose las manos manipuladoras. Pero la verdad, su magnitud y severidad, son desconocidas; quienes tienen acceso a las estadísticas parecen querer ocultarla celosamente.

“Durante los últimos dos años un número alto de los casos de asesinatos y homicidios que ocurrieron en Cuba tuvieron como víctimas a personas homosexuales”, dijo el asesor legal del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Manuel Vázquez, citado por Francisco Rodríguez (paquitoeldecuba.wordpress.com) y añadió “un elevado porcentaje” de esos asesinatos “está aún sin resolver”. Esto salió a la luz luego del presunto asesinato de Tony Díaz, celebre dramaturgo cubano.

El historiador Julio Cesar González Pagés también había referido en su blog, sin revelar las fuentes, que “en el 2013 se reportó más de cuarenta asesinatos a homosexuales en iguales circunstancias. Figuras públicas como el bailarín y coreógrafo guantanamero Alfredo Velázquez y el economista Eduardo Pérez de Corcho, fueron parte de una amplia lista de muertes, algunas aún no aclaradas”. (http://masculinidadescuba.blogspot.com),

Sin embargo, Yuris Norido en “Cuba: ¿Crímenes de odio?” (CubaSí), afirmaba sin ambages “con buenas, regulares y malas intenciones, se ha achacado a un odio militante a los homosexuales buena parte de las agresiones que ha sufrido esa comunidad en los últimos años. Es probable que algunos de los delitos contra ese grupo estén motivados por ese odio; pero lo cierto es que la mayoría de los crímenes tiene móviles comunes, que poco o nada tienen que ver con la orientación sexual de las víctimas. O quizás sí tengan que ver, pero por razones más tangenciales”.

Y concluía: “la mayoría de los ataques denunciados por miembros del colectivo LGBT cubano no pueden ser considerados delitos de odio. Ni siquiera cuando medie en alguna medida cierto rechazo a los homosexuales. Es más, asumir que lo son implicaría cierto matiz discriminatorio o “victimista”. Si una persona agrede a una mujer o a un anciano para robarles —o incluso, por mera manifestación de violencia— no hay que asumir necesariamente que esa persona odie a las mujeres o a los ancianos.”

Al parecer, este autor sí contaba con datos actualizados sobre cuántas muertes de homosexuales y travestis ocurrieron, cuáles de estas muertes podían calificarse como crímenes de odio y cuáles como crímenes comunes, e incluso, cuáles de los crímenes comunes tuvieron como “causa secundaria” la intolerancia. Pero tampoco los revela. Sin demostrarlo, descalifica las preocupaciones y denuncias del colectivo LGBTI cubano.

Por su parte, Alberto Roque en su post “Algunas notas sobre Cuba: ¿Crímenes de odio?”, publicado en HomoSapiens, señala: “el silencio también produce mucho daño en este contexto, a lo cual se suma que en nuestra norma jurídica no se especifican estas causales como agravantes de delitos de agresión. Nuestros agentes del orden público tampoco conocen de la existencia de los llamados crímenes de odio, ni los profesionales de la salud cuentan con la preparación necesaria para denunciar y atender a las víctimas de tales actos”.

Desde mi punto de vista, es aun peor que las autoridades pretendan adosarle la etiqueta de crímenes pasionales cuando se revela una relación de cualquier tipo entre la víctima y el victimario, que describen como “íntima”, aunque sea meramente carnal, coital, transaccional o no.

En el habla popular, se reconoce que el perpetrador comete un crimen pasional, especialmente un ataque o asesinato, debido a una repentina alteración de la conciencia, causada por sentimientos como los celos, la ira o el desengaño y no es, por lo tanto, un crimen premeditado. Por ello, calificar un delito de intolerancia como un crimen pasional, cuando menos, pretende ocultar su verdadera esencia, pero al reforzar mitos preexistentes en la mentalidad colectiva sobre las relaciones de parejas LGBTI, se contribuye a perpetuar su existencia, silenciándolos.

O sea, “habitualmente se califican como delitos pasionales aquellos que se producen en el contexto de conflictos amorosos por celos o falta de correspondencia en la relación de pareja”, y por tanto, “(…) podrán identificarse como circunstancias o condiciones (…) psicológicas (…) que influyen en el grado de exigencia de responsabilidad dentro del marco sancionador establecido, como peculiaridades del sujeto o su subjetividad (…) atenuantes en virtud de cometer el delito bajo influencia favorecedora de la emoción (…) y que aporta un componente impulsivo que coadyuva al acto”, según refiere el DrC. Ernesto Pérez González (Derecho penal y criminología, ONBC, 2012, p. 37).

Muchos profesionales rechazan el calificativo de “pasional”, pues estereotipa el origen de la agresión en la pareja y lo reduce a la índole individual, psicológica del agresor, cuando en realidad responde a patrones culturales de género que condicionan tales conductas. Aunque las legislaciones actuales son menos benevolentes con esta clase de crímenes, reduciendo los casos en los cuales se puede invocar una "grave alteración de la conciencia", aún se reconocen situaciones especiales donde la responsabilidad penal se reduce cuando el crimen es cometido bajo el impulso de comprobadas emociones violentas repentinas. Como aquellos llamados homicidios “en razón de honor”, que solo se consideraban si era el hombre el ofendido, y aun pesan en las mentes androcentrístas sobre la “moral masculina”.

Entonces: ¿son crímenes pasionales las muertes de hombres homosexuales y personas trans a manos de otros hombres que no se autodefinen como tales, pero con los cuales mantienen relaciones sexuales ocasionales o más frecuentes, a cambio de dinero u otros bienes o recompensas? Resulta obvio que no lo son, pues ni pasiones ni sentimientos se implican en esta sinergia; ni el amor, ni los celos son motivos plausibles, ni ocurre ningún “corto circuito emocional”.

En las sociedades donde impera el género masculino hegemónico se mide la igualdad antela ley y, por lo tanto, la discriminación sexual desde el punto de vista dominante. En estas culturas, el machismo, la misoginia, la homofobia y la transfobia, es decir, toda la violencia ejercida contra las mujeres y las personas con sexualidades divergentes de la norma heteronormativa, aparecerán justificadas por los hombres hegemónicos, consciente o inconscientemente, como el castigo “justo” aplicable a un ser inferior que cuestiona la autoridad (poder–superioridad–hombría) que le ha sido reconocida desde el pater familia romano.

El análisis feminista ha señalado, repetidamente, que no son solo las desigualdades de poder las que conducen a la violencia, sino la percepción naturalizada en los hombres del derecho a los privilegios. La violencia derivada de la garantía de estos supuestos derechos no va dirigida solo contra los sujetos ya mencionados, sino que incluye también la violencia de los hombres contra otros hombres y la interiorización de la violencia; es decir, la violencia de un hombre contra sí mismo.

Las inseguridades personales conferidas por la incapacidad de pasar la prueba de la hombría, o simplemente la amenaza del fracaso, son suficientes para llevar a muchos hombres —en particular cuando son jóvenes o viven, mas o menos ocultamente, en el límite de la heteronormatividad— a un abismo de temor, aislamiento, ira, (auto)castigo, (auto)repudio y (auto)agresión. Dentro de tal estado emocional, la violencia se convierte en un mecanismo compensatorio, es la forma de reestablecer el equilibrio masculino, de autoafirmarse y afirmarles a otros las credenciales masculinas de uno mismo.

Esta expresión de violencia usualmente incluye la selección de un blanco que sea físicamente más débil o más vulnerable: infantes, adolescentes, ancianos, discapacitados, gays, trans, negros, mestizos, etcétera. Todos somos blancos fáciles de la inseguridad y la ira de las masculinidades hegemónicas, particularmente, cuando se pertenece a grupos que no han recibido protección legal adecuada. Esto acontece en Cuba con las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queers (población LGBTIQ), o cualquier otra que difiera de la norma heterosexista o no quiera ser incluida en ninguna identidad conocida.

Así, la violencia ejercida contra sujetos homosexuales y las personas trans, aun en muchos casos donde pudieran inferirse motivos entendidos como delitos comunes, es resultado del poder hegemónico de los hombres (real y simbólico); de la percepción masculina de que gozan de privilegios; del permiso explícito o tácito a ciertas formas de violencia naturalizadas en las costumbres sociales, los códigos legales, la aplicación de la ley y ciertas enseñanzas; y, por último, del temor (o la certeza) de no tener poder (cuestionamiento de la hombría), por no cumplir los requerimientos execrables de la construcción de la masculinidad en la cultura machista.

La paradoja del patriarcado es el dolor, la ira, la frustración, el aislamiento y el temor de los propios hombres por causa del poder relativo y los privilegios (auto) atribuidos históricamente. Ignoramos todo esto a nuestro propio riesgo y las consecuencias son la violencia y la intolerancia. Si este es el origen de la violencia, no podemos erradicarla sin las profundas trasformaciones sociales, políticas, legales y culturales que ello implica.

La violencia hacia las personas LGBTIQ en Cuba tiene todos estos condicionantes, por ello es absolutamente indispensable que las autoridades y toda la sociedad reconozcan la gravedad de la homofobia y la transfobia, no solo porque están en riesgo vidas humanas, sino también porque constituye una grave amenaza para la convivencia social respetuosa.

La violencia de género es, por tanto, un delito de intolerancia; las mujeres, niñas y ancianas violentadas cotidianamente sufren exactamente los mismos prejuicios que las personas travestis, transexuales y transgéneros.

Pero, para las identidades trans, lo más grave es que no tienen ningún reconocimiento jurídico en Cuba, a excepción de quienes, bajo procedimientos médicos y fuertes presiones culturales, obtienen la “gracia” de una cirugía de readecuación genital para ajustarse, otra vez, a la norma heterosexista y su moral de apariencias. Su derecho al estudio, al trabajo, a una vida digna, no tiene ninguna garantía legal ni posibilidad de reclamo si son vulnerados, como ocurrió con el recién aprobado Código del Trabajo, que excluyó la identidad de género del principio de no discriminación ante el trabajo.

La violencia contra las personas LGBTIQ es execrable solo por el sufrimiento humano de quienes padecen del estigma y la discriminación; pero es, además, una grave violación para los valores de una sociedad que se autoproclame democrática. Las víctimas solo dejarán de ser ciudadanos de segunda clase cuando todos los derechos les sean reconocidos.

* Psicólogo y activista. Radica en Cienfuegos, provincia ubicada a 300 kilómetros de La Habana 

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