Con la participación de activistas de Trinidad, Cienfuegos, Santa Clara, La Habana, Mayabeque y Pinar del Río, del 17 al 21 de junio, se realizó en la ciudad de Pinar del Río el primer Taller Regional de Occidente de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales del Centro Nacional de Educación Sexual, Cenesex.

Con esta publicación, SEMlac quiere rendir homenaje al activista y fundador del colectivo Placetas LGBTI e integrante de la Red Social Comunitaria del Cenesex “Humanidad por la Diversidad”. Máster en Desarrollo Comunitario y licenciado en Estudios Socioculturales, Rafa --como se le conocía-- fue una voz reconocida en el activismo cubano. Antes de fallecer, había dejado en nuestra redacción este texto.

A inicios de la pasada década de los ochenta, el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) llega a la escena social estadounidense y europea rodeado de todo un halo de prejuicios y estereotipos, debido a que los primeros casos diagnosticados y la mayor cantidad de ellos fueron de personas homosexuales, lo cual acentuó la estigmatización y el rechazo de manera global hacia estas poblaciones, considerándose el resto de la población libre de riesgo.

En Cuba es tan común el humor como el beisbol. Forman parte inherente de la cultura nacional, tanto que importantes teóricos y estudiosos de las Ciencias Humanísticas y Sociales han dedicado enjundiosas investigaciones a temas como el choteo. Pero no siempre la comicidad ha sido vanguardia en cuanto a posturas artísticas y sociales en la isla. En ese sentido, buena parte del humor presente en la televisión y en los espectáculos teatrales y de cabarets en Cuba es discriminatorio cuando aborda tópicos como la diversidad sexual.

A pocos días de ser presentado el anteproyecto de la futura Constitución a la Asamblea Nacional del Poder Popular, las redes sociales se han caldeado en el intercambio de declaraciones, imágenes y comentarios de diversos activistas sobre la creciente inflexión discriminatoria, en el espacio público y mediático, de dos esferas muy importantes: la iglesia y el sector privado.[1] Producidos de manera no conectada entre sí, los hechos que han dado pie a la polémica inquieren a una misma realidad: la crisis institucional en torno a la violencia homofóbica y transfóbica, y la carencia de mecanismos políticos y jurídicos que protejan a los sujetos ante posibles vulneraciones. La libertad religiosa[2] y el derecho de admisión[3] fueron los estandartes para menoscabar la dignidad de las personas con identidades no heteronormativas, sin que el gobierno, como árbitro imparcial, responsabilice por los excesos de autoridad, penalice por los daños causados y reconstruya el escenario cívico como Estado de Derecho. El silencio político nos hace pensar en lo imperativo de un marco legal que contemple los valores ciudadanos ampliamente, desde la perspectiva de los derechos humanos.

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