Debates

Uniones homosexuales en Cuba, contrapunteo a favor de los derechos


Carlos Alejandro Rodríguez

Periodista


  1. ¿Estaría a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo o del reconocimiento legal de las uniones consensuales? ¿Por qué?

    Estoy a favor del matrimonio entre personas del mismo. Por eso no creo que la legalización de las uniones consensuales resulte una vía legítima para reconocer el vínculo entre las parejas homosexuales. ¿Qué implicaría reconocer legalmente la unión consensual entre personas del mismo sexo o género mientras se rechaza la opción del matrimonio? En primer lugar la legalización de las uniones consensuales pautaría un tratamiento diferenciado, discriminatorio, a un tipo de parejas que no cumplen con los requisitos ideales ante la ley. (El principal de esos requisitos se trata, efectivamente, de la heterosexualidad). Legalizar estas uniones mientras se niega el derecho al matrimonio igualitario deja entrever —a mi juicio— la resistencia homofóbica de muchos sectores descontentos con que las parejas homosexuales y heterosexuales puedan acceder en igualdad de condiciones a los mismos derechos.

    Además, la idea de la unión consensual se ajusta perfectamente a uno de los argumentos usados habitualmente contra el matrimonio gay. Muchas personas, en algún tipo de posición homofóbica intermedia, aceptarían que se legalice la unión consensual entre personas del mismo sexo, pero se oponen a que se ese tipo de relación se llame “matrimonio”, porque el matrimonio —dicen ellos— fue concebido para el hombre y la mujer. Ese es el argumento o el prejuicio semántico que trasluce la homofobia parapetada detrás de supuestas posturas avanzadas.

    Por otro lado, a muchas personas homosexuales no les interesa la institución matrimonial. Es más, la consideran una forma de unión burguesa y obsoleta. Sin embargo, aun en este lado, yo estoy convencido de que el matrimonio igualitario debe existir como posibilidad. Se trata de reconocer iguales derechos a todos los seres humanos. Y no debería suscitarse más debate. Sin embargo, la homofobia persiste e impide que los miembros de la comunidad LGBTI puedan unirse de acuerdo a la ley.

    Fíjate, como no existe el matrimonio igualitario, los miembros de las parejas gais y lesbianas no tenemos derecho a la adopción ni a la herencia. Ni tampoco podríamos tomar decisiones trascendentales en el caso de que nuestra pareja sea sometida a procedimientos médicos, por ejemplo. Es que, en realidad, para las leyes cubanas no existen las parejas homosexuales.

  2. ¿Cuáles son las principales resistencias y barreras a superar en Cuba para reconocer los derechos de las parejas homosexuales?

    Nunca me gustó entrar en el debate simplista que intenta determinar si la sociedad está preparada o no. La sociedad puede estar o no preparada, pero esa valoración me parece secundaria. Lo que debería primar es la voluntad estatal y legislativa de reconocer a todos los cubanos y cubanas como iguales ante la ley. Y esa voluntad, si es firme y sincera, no debería postergar demasiado la aprobación del matrimonio. El acceso al matrimonio igualitario no se trata de un derecho que nadie deba concedernos, es un derecho que nos pertenece. Ni siquiera se me ocurre que el asunto pudiera ser sometido a plebiscito, porque los derechos —como tantas veces se ha dicho— no se plebiscitan. ¿A alguien se le ocurriría someter a referéndum público el derecho de las personas negras —por ejemplo— a formar parte de parejas interraciales? No, claro que no. Y tampoco debería valorarse esa posibilidad trasnochada en el caso del matrimonio igualitario. Deberíamos asumir de una vez el principio de igualdad esgrimido en la Constitución cubana.

  3. ¿Qué instancias o actores sociales son claves en este debate? ¿Cómo valoran su actuación?

    En el punto donde estamos ahora creo que la instancia con más responsabilidad es la Asamblea Nacional del Poder Popular, el principal órgano legislativo de Cuba. Sin embargo, el parlamento cubano no se decide de una vez a discutir el anteproyecto de Código de Familia, postergado de un año a otro, por motivos que solo conocen las altas instancias cubanas.

    En esa misma Asamblea, Mariela Castro Espín, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) ocupa un escaño como diputada. Eso significa que ella, como cualquier otro parlamentario, podría hacer valer su iniciativa legislativa después de cumplir los requisitos dispuestos por la ley. Pero ningún diputado, que yo sepa, se ha atrevido a promover una ley sobre el matrimonio igualitario o las propias modificaciones al Código de Familia.

  4. ¿Cuáles acciones creen pudieran impulsar los cambios legales a favor de las parejas homosexuales?

    Ante el rezago de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la sociedad civil cubana, los medios de comunicación, otras instituciones del Estado y los ciudadanos, ya sean homosexuales o no, podrían insistir de diversas formas en la necesidad de aprobar el matrimonio igualitario.

    Mi novio y yo hemos investigado qué podríamos hacer en calidad de ciudadanos cubanos, como pareja gay. Pero, lamentablemente, parece que todo se reduce a un poco de activismo sin muchas consecuencias: podríamos escribir cartas a la Asamblea, pedir cuentas a nuestros diputados, los mismos que elegimos en nuestros municipios. Al fin y al cabo ellos son nuestros representantes en el parlamento. Y por eso, deberían promover nuestros reclamos.

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